La diputada verdiblanca Silvia Sánchez se allanó al nuevo código de ética del PLN y destituyó a su hermano Henry, quien había sido contratado por ella misma como asesor legislativo, desde el inicio de su gestión.
En un comunicado, la diputada ramonense aseguró que tomó la decisión desde la mañana de este martes, pero esperó a comunicarla primero a las autoridades del Partido.
"Esta decisión la tomé en horas de la mañana (martes), y reitero mi compromiso irrestricto con lo estipulado en este código y la lealtad con las decisiones que en materia ética y moral acuerpa nuestro partido", apuntó Sánchez.
A pesar de que se le buscó en el despacho y en el plenario, la legisladora evitó ayer referirse a la prohibición planteada en el código aprobado la noche del lunes por la Asamblea del Partido, el cual prohíbe a los funcionarios verdiblancos contratar familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.
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"Respetando las estructuras partidarias consideré pertinente comunicar esta decisión a las autoridades de nuestra agrupación política y a mis compañeras y compañeros diputados antes de darlo a conocer a la opinión pública", agregó la legisladora en su boletín.
Con la salida del hermano de Sánchez, son dos los asesores destituidos a causa de la entrada en vigencia del nuevo código ético de los verdiblancos.
Ayer mismo se dio a conocer la salida de Tamara Marín, hija del diputado Juan Marín, quien había sido contratada el 2 de setiembre a instancias de su padre.
Sobre esta salida, Marín afirmó que estaba siendo consecuente con las nuevas reglas del Partido y lo estipulado en el artículo 13.
En el Congreso aún quedan diputados liberacionistas con familiares contratados, pero a los que no les alcanza la prohibición de su código partidario.
Estos son los casos de Aracelly Segura, que tiene a sus órdenes a una sobrina; Olivier Jiménez, con un sobrino; y Michael Arce, con un primo.
Un caso particular es el de la segunda secretaria del Directorio, Karla Prendas, cuyo marido está contratado en la Asamblea, pero bajo las órdenes de su compañero de fracción, Ronny Monge.
Si bien es considerada antiética por el PAC y ahora por el PLN, la práctica legislativa de contratar familiares en el Congreso es común.
Aún queda una docena de asesores contratados por sus familiares diputados. A los verdiblancos se les suman empleados del Partido Movimiento Libertario, Partido Unidad Social Cristiana y Renovación Costarricense.
Estas plazas son perseguidas en el Congreso por el carácter discrecional que tienen los diputados para nombrarlas, sin que medie ningún requisito ni control.
Estos asesores ingresan con un salario de base de ¢631.000. A eso se suma dedicación exclusiva por ¢347.000 adicionales y ¢69.300 como incentivo legislativo. Además, ¢50.000 por carrera profesional. En ese caso, el salario sumaría ¢1.097.000 al mes.
Los congresistas se escudan en que no hay normas que impidan este tipo de contrataciones, por lo que lo consideran legal, si bien son ellos mismos, como diputados, los únicos que pueden revertir esta situación.
Al respecto, el diputado jefe del Frente Amplio, Gerardo Vargas, aprovechó para pedir a los diputados del PLN y del PAC, el apoyo a una reforma legal para declarar ilegal este tipo de nombramientos, considerados nepotismo.