La diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue la principal promotora de la ley que eximió a las municipalidades de la regla fiscal, uno de los elementos que sopesó la calificadora Standard & Poor’s para bajarle la calificación al país.
La agencia dijo que “la señal negativa que envían estos eventos, más que su impacto presupuestario directo, pesa en la calificación”.
Aunque la Contraloría General de la República (CGR) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtieron de los riesgos del proyecto, la legisladora defiende la decisión de hacer caso omiso a las objeciones técnicas porque, en su criterio, las municipalidades lo necesitaban.
Incluso, un editorial del diario La Nación advirtió del riesgo de poner al país en entredicho a las calificadoras de riesgo, pero ella alega que “más de 40 diputados" aprobaron el texto.
En entrevista con La Nación, Corrales dice que les toca a ellos asumir la responsabilidad.
-Como principal promotora del proyecto para eximir de la regla fiscal a las municipalidades, ¿qué piensa de que ese proyecto sea una de las principales razones para que Standard & Poor’s le bajaran la calificación a Costa Rica a B?
Tenemos que tener claro que la calificación o el índice de esa baja tiene muchos factores y no únicamente el tema de la regla fiscal para las municipalidades, como se ha querido manejar el tema.
Hay que tener claro, también, que aproximadamente desde marzo de este año nos han estado indicando que esos indicadores y esas calificaciones venían hacia la baja para nuestro país.
El proyecto se aprobó después de esas fechas. Son parámetros importantes para que todo ciudadano sepa que no está totalmente ligada la calificación al tema municipal.
Sobre las municipalidades, es falso decir que quedaron totalmente fuera de la regla fiscal. Las municipalidades van a estar sujetas a la regla fiscal, tal como lo dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en todos los recursos que sean transferencia directa del Estado.
Lo que estaría exento de esa regla fiscal son los recursos propios que cada municipalidad genere. No hay relación alguna de los presupuestos municipales con el déficit fiscal que afronta nuestro país.
-Usted menciona que no fue el único factor, pero fue uno de los factores importantes, tanto así que S&P lo destacó en su informe y dijo directamente que era la decisión de la Asamblea lo que había pesado.
Bueno, mantengo la posición de que las municipalidades sí están sujetas a la regla fiscal, sí tienen que cumplir con todos los otros requisitos de regla fiscal que..., perdón, que vienen de las transferencias del Estado como tal.
Justamente ahí es donde se ha generado una confusión de parte de toda la ciudadanía al no saber esa diferenciación de los recursos propios generados por los municipios y los recursos que transfiere el Estado, los cuales claramente tienen que estar bajo la regla fiscal.
-¿Usted sabe qué implica esta baja en la calificación?
Por supuesto, somos conscientes de esto, lo que puede generar para el país, pero tenemos que tener una realidad también bastante clara: la situación económica que se afrontaba desde antes de la pandemia y las repercusiones que estamos sufriendo por la pandemia.
No podemos únicamente creer que, por un tema de esa diferenciación de recursos municipales, se puede achacar justamente la baja.
-¿Cree que lo que esta reducción en la calificación le cueste al país en intereses sea menor al gasto que ustedes le liberaron a las municipalidades?
-Bueno, repito. El déficit fiscal que tiene el país no tiene relación alguna con los recursos propios que tiene cada municipio. Son recursos totalmente distintos, totalmente aparte. Esa es la principal diferenciación que debemos tener clara todos.
-¿Sostiene usted que valió la pena aprobar este proyecto a pesar de esta calificación?
Sostengo el trabajo que hizo la mesa de esta Asamblea Legislativa, y respaldo la votación de más de 40 diputados de esta Asamblea en darle un voto afirmativo a este proyecto.
-Ustedes siguieron pese a que había objeciones muy específicas de la Contraloría y del Banco Central. ¿Por qué siguieron adelante pese a esas objeciones? En otros momentos, sí le han puesto mucha atención a las objeciones de esas instituciones.
Somos conscientes de los criterios y, por eso justamente, buscamos una respuesta y un criterio técnico de parte de las distintas instituciones, pero la potestad del legislador y, lo más importante, la diferenciación de los ingresos reales de los municipios no se podía dejar de lado.
Por eso, consideramos oportuno hacer caso omiso a esa recomendación que, como bien menciono es una recomendación, para así darles un respiro a las municipalidades que han estado realizando un trabajo arduo en esta crisis que se está viviendo y, efectivamente para el tema de la pandemia, han sido un brazo sumamente importante para la CNE y las acciones que competen.
-¿Qué dicen ustedes ante el señalamiento de S&P de la responsabilidad -porque ellos califican al Gobierno, pero también a la Asamblea- de los diputados en esa rebaja de la calificación?
Bueno, nos toca asumir nuestra responsabilidad. Más de 40 diputados dijimos que sí a este proyecto, algunos se salieron para evitar dar su voto en segundo debate, pero la mayoría de este plenario tomó una decisión, que era darles las herramientas a los gobiernos municipales y a los contribuyentes de que tuvieran una facilidad para sobrellevar la crisis de la pandemia.
-¿Usted cree que la cantidad de votos avala que sea una buena decisión tomada por el Congreso?
Este Congreso actuó de manera responsable, ha analizado y estudiado cada proyecto de ley, ha tomado las decisiones que le competen en beneficio de toda la población costarricense y, por esa razón, tuvimos un acompañamiento bastante importante en materia de votos para ese expediente.
-¿De dónde vino la urgencia por aprobar ese proyecto, fue real o fue más política? Entiendo que hubo mucha presión, o sea, que si no se aprobaba el proyecto, los diputados no seguían adelante con la agenda legislativa.
Nosotros definitivamente somos conscientes de que cada uno de los proyectos que se aprueban en esta Asamblea son estudiados y analizados con responsabilidad. No tiene nada que ver un argumento político para decir que este proyecto se aprobó por una presión de ese tipo.
Estamos en una pandemia, se necesitaban acciones concretas. Justamente eso es lo que hemos estado haciendo, dándole respuesta a la gente, porque este proyecto es mucho más que un solo artículo.
Estamos tratando de darle mayor oportunidad al ciudadano que necesita facilidades de pago de sus tributos y así poder tener una mejor calidad de vida, a pesar de la situación que estamos pasando como país.