La Defensoría de los Habitantes presentó, esta tarde, un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San Pedro de Montes de Oca, sobre los avances y tareas pendientes de Costa Rica en el caso de la fertilización in vitro.
En el documento el órgano defensor plantea que el Estado costarricense “no ha dado pasos efectivos hacia el pleno cumplimiento ni ha tomado medidas coincidentes con una voluntad de acatar la sentencia de la tarde”.
Costa Rica lleva dos años y tres meses sin cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se ordenó al Estado costarricense. permitir la aplicación de la fertilización in vitro en el país.
El Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan, al menos, 22 demandas en los estrados de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el retraso en la aplicación de la fertilización in vitro (FIV). En cada denuncia, se pide el pago de entre ¢50 millones y ¢75 millones por concepto de indemnización.
El informe critica la inacción de la CCSS y el procedimiento legislativo como frenos del avance de esta técnica de fertilización en el país.
"En relación con el funcionamiento de la Unidad de FIV, aún no se conoce ningún estudio de costos efectuado por la CCSS que permita comprobar algún
indicio de avance para la implementación, en tanto no se han identificado ni las posibles personas proveedoras de los servicios, ni el presupuesto para
hacer frente a esas contrataciones", señala el informe.
A la fecha, no hay disponibilidad de la fecundación in vitro dentro de los servicios de la CCSS y permanece vigente la prohibición de esta técnica en el país.
Las mociones legislativas hacen que este proyecto no tenga frutos en el Congreso, debido al desacuerdo entre partidos como el oficialista Acción Ciudadana (PAC) y los evangélicos Restauración Nacional, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
“No se ha brindado el impulso político necesario para la aprobación de la norma que levante la prohibición de FIV en el país y que regule la implementación de la técnica", manifestó la defensora Montserrat Solano, mediante el informe.
La Defensoría de los Habitantes pidió a la Corte IDH que valore la posibilidad de llamar al Estado costarricenses a una audiencia para la implementación de medidas que favorezcan el acatamiento de lo dispuesto por ese tribunal en 2012.