La Defensoría de los Habitantes lanzó un llamado para que los funcionarios públicos que tengan conocimiento sobre "los aparentes casos de corrupción", relacionados con el ingreso del cemento chino al país, revelen la información a los órganos que investigan el caso.
"Si bien es cierto, estos casos se encuentran en una etapa de investigación tanto por las instancias judiciales como legislativas, la Defensoría reitera su llamado a la sociedad en general, y en particular, a los y las funcionarias públicas, para que cualquier persona que tenga conocimiento de elementos objetivos los aporte a las autoridades competentes en aras de colaborar para el conocimiento de la verdad de los hechos", instó el ente defensor en un comunicado divulgado la tarde de este lunes.
En opinión de la entidad, los hechos que han salido a la luz en los últimos meses sobre presuntos tráficos de influencias, que habrían influido en la importación de cemento chino, inciden en la legitimidad de las instituciones del país, por lo que deben tomarse medidas para que los costarricenses recuperen la confianza.
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La Defensoría también exigió que los diputados y funcionarios judiciales a cargo de las investigaciones hagan una labor "proba, independiente, imparcial y célere" para que, en caso de que se confirme que se cometieron delitos, los responsables se lleven ante la justicia.
"Además de establecerse las responsabilidades legales y políticas que correspondan, la Defensoría exige que se generen los cambios necesarios para resolver las debilidades institucionales y normativas que los hechos dados a conocer han revelado", manifestó la Defensoría.
Actualmente, la investigación judicial se lleva en 12 expedientes distintos, a cargo de una unidad especial conformada por nueve fiscales. La pesquisa está a cargo de Emilia Navas Aparicio, quien asumió como fiscala general interina luego de que la Corte Plena separara a Jorge Chavarría del proceso.