San José
La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, propuso que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por un único periodo de nueve años, en lugar de lo que ocurre hoy: son elegidos por periodos de ocho años con posibilidad de reelegirse sin límite de periodos.
Solano envió la propuesta a los diputados, este 31 de octubre, con el argumento de que es necesario fortalecer la independencia judicial y restaurar la credibilidad de la población en la Corte.
Asimismo, recomendó a los diputados aumentar la edad necesaria para ser magistrado y los años de carrera judicial necesarios para postularse. Actualmente, es necesario ser mayor de 35 años y haber ejercido el Derecho al menos diez años, a menos de que se trate de un funcionario judicial, pues a estos se les exige de carrera judicial.
A la vez, la defensora pide que los candidatos reporten quiénes han sido sus clientes en la práctica privada del Derecho, sus relaciones con asociaciones, fundaciones, trabajos anteriores, relaciones comerciales y profesionales anteriores.
Para Solano, además, es deseable que un panel independiente asesore a la Comisión de Nombramientos del Congreso en la elección de las ternas de candidatos a magistrados, que ese panel le traslada al plenario legislativo para que escoja.
Las recomendaciones fueron hechas a la luz de los acontecimientos que ligan al magistrado Celso Gamboa, de la Sala III, con el empresario cementero, Juan Carlos Bolaños, quien es investigado por presunto tráfico de influencias por el Ministerio Público y por una comisión especial del Parlamento.
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El asunto sacudió al Poder Judicial hace dos semanas y produjo la suspensión de Gamboa por tres meses mientras sus relaciones con Bolaños son indagadas por el Tribunal de la Inspección Judicial.
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Las recomendaciones de Solano se hacen públicas un día después de que la Corte Suprema de Justicia acordara, el lunes, debatir varias reformas constitucionales para hacer más rigurosos los requisitos que deben reunir los futuros candidatos a magistrados.
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El magistrado constitucional Ernesto Jinesta propuso, por ejemplo, que no puedan aspirar a ser magistrados las personas que ocupan o hayan ocupado un cargo en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en cierto plazo de tiempo.
La tónica de la propuesta de los magistrados es la misma que la de la defensora Montserrat Solano: garantizar la imparcialidad y la independencia de los miembros del Poder Judicial.
La defensora de los Habitantes no cree conveniente la reelección de magistrados porque, en su criterio, somete al juez al riesgo de subordinar su trabajo y sus decisiones a una revisión de orden político en la Asamblea Legislativa.
Según el artículo 150 de la Constitución Política, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son reelectos por periodos iguales salvo que, en votación no menor de las dos terceras partes del total de los diputados, el Parlamento acuerde lo contrario.
"Frente a los hallazgos preliminares de las investigaciones que están en curso tanto en el seno legislativo como judicial, así como el profundo debate y malestar social que han generado, es imperativo que la Asamblea Legislativa asuma la responsabilidad histórica de resguardar el sistema democrático, dejando de lado diferencias e intereses partidarios y poniendo, como preocupación suprema, el interés público", subrayó Solano en su misiva a los diputados de las comisiones de Nombramientos y la que en la actualidad investiga el tráfico de influencias en el otorgamiento de créditos bancarios.
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Apoyo externo para elegir magistrados
Sobre el panel independiente que asesoría en la elección de magistrados, Solano propuso que este lo conformen personas con conocimiento judicial, con independencia de criterio y amplia y reconocida trayectoria.
"Este panel presentaría un informe, que será público, a la Comisión de Nombramientos que realizará su trabajo tal como lo establece el Reglamento Legislativo", explicó, y comentó que esa modalidad de elección es cada vez más frecuente, incluso en organismos judiciales de alto rango, como la Corte Penal Internacional.
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"La composición del Comité es paritaria entre hombres y mujeres que sirven a título personal, no representan a partidos o instituciones, y tienen como objetivo asegurar que las personas más calificadas sean designadas como jueces de la Corte (...). La función del Comité es únicamente de evaluación técnica", puso como ejemplo.
En cuanto a los criterios de selección de los candidatos a magistrados, la defensora enumera en primer lugar la integridad, resumida esta como la responsabilidad de los postulantes con mantener la independencia de la Corte frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
"Se deben valorar las actuaciones, declaraciones y publicaciones relacionadas con el compromiso de los y las candidatas con los derechos humanos, la democracia y la transparencia. La integridad se refiere no solo a una conducta proba, sino, también, a un criterio de honorabilidad en el sentido de que no existan cuestionamientos en torno a la conducta de una persona", señaló la defensora.
Ella también propuso a los diputados que revisen el temperamento judicial de los candidatos a magistrados, entendido este como la imparcialidad e independencia de un postulante, además de que privilegien a aquellos que tienen conocimiento excepcional del Derecho y de la función judicial.
"La comisión que ustedes conforman tiene la posibilidad de emitir un conjunto de recomendaciones de orden estructural que permita iniciar un proceso de restablecimiento de la confianza en el sistema democrático", reseñó la defensora.