Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, declinó apelar la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de renovar las concesiones de 48 autobuseras, pese a que una dirección de la Defensoría de los Habitantes le advirtió de que estas empresas estaban morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El 11 de octubre, a la luz de sus hallazgos, la dirección de Asuntos Económicos y Desarrollo de la Defensoría incluso le remitió a Crespo el borrador de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo del CTP. El plazo para impugnar vencía el 13 de octubre.
Sin embargo, la defensora no presentó la apelación. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), órgano rector del CTP, confirmó que “no ha recibido ninguna apelación sobre 48 acuerdos de concesión” de parte de la Defensoría.
El pasado 19 de octubre, la dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría le escribió de nuevo a Crespo para preguntarle qué pasó con la impugnación en los siguientes términos:
“El día lunes 11 de octubre, se remitió al despacho el borrador de oficio N.° DH-DEED- 1435-2021, concerniente al recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra esos 48 acuerdos adoptados por la Junta Directiva del CTP, en la sesión del 30 de setiembre de 2021, documento en el cual se volvían a abordar los aspectos generales antes citados y los aspectos particulares según los hallazgos encontrados, en relación con una posible morosidad de los operadores con la seguridad social y la renovación de concesiones a permisionarios sin refrendo previo de la concesión”.
Días antes de que Catalina Crespo dejara prescribir esta apelación, la jerarca sí impugnó otras 185 renovaciones de concesiones acordadas por el CTP.
El 6 de octubre de 2021, la defensoría interpuso un recurso de revocatoria contra 185 renovaciones de concesiones, por considerar que vulneraban el ordenamiento jurídico desde varias ópticas, como vacíos en el proceso de sectorización del transporte público, falta de datos y morosidad de los autobuseros con la Caja.
“La preocupación del CTP se centra en evitar incomodidades a los autobuseros y no en la satisfacción del interés público que subyace a este servicio, sea la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias” dice la apelación (oficio DEED-1417-2021).
El 5 de octubre, un día antes de presentar esta apelación, el CTP le informó a la Defensoría de que había acordado otras 48 renovaciones de concesiones a operadores de transporte público.
Para ese momento, el departamento de Cobro de la CCSS no había facilitado información sobre el estado en las obligaciones obrero-patronales de los concesionarios renovados; entregó los datos el 7 de octubre, lo cual permitió a la dirección de Asuntos Económicos proponer la apelación.
Este medio intentó conocer la versión de la defensora de los Habitantes, a la cual se le enviaron consultas; sin embargo, al cierre de esta noticia, no se contaba con su respuesta.
Según la legislación vigente, los plazos de las concesiones de autobuseros son hasta de siete años, existiendo la posibilidad de renovación cuando los concesionarios hayan cumplido con una serie de requisitos.
Posición anterior de Crespo
Crespo no firmó la segunda apelación, pero previamente había difundido varios comunicados donde se pronunciaba contra la fiscalización del CTP en los servicios de transporte público.
“La Defensoría de los Habitantes sostiene que la labor de las autoridades del CTP genera serias dudas con respecto al cabal cumplimiento de su deber de regular y fiscalizar los servicios de transporte público, modalidad autobús”, dice un pronunciamiento publicado el 3 de octubre.
Incluso, la jerarca de la Defensoría solicitó el 5 de octubre un criterio a la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) sobre la decisión de las autoridades del CTP de aprobar la renovación de más 200 concesiones de autobuseros.
Según alegó Crespo en ese momento, no había evidencia de que la Junta Directiva del CTP hubiese tomado en cuenta las recomendaciones que emitió Coprocom en el mes de setiembre, donde se refirió tanto a la renovación como al número máximo de concesiones de líneas que pueden estar en manos de una sola persona.
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Funcionarios preocupados
El 24 de octubre, el Sindicato de la Defensoría de los Habitantes (Sidef) afirmó: “Mientras el 6 de octubre la defensora apeló 185 acuerdos, cinco días después tuvo en sus manos un nuevo grupo para cuestionarlos, pero no lo hizo. El Sindicato considera que debe rendir cuentas públicamente sobre este grave hecho”.
Para los funcionarios del sindicato, había argumentos razonables para elevar la impugnación, tales como la renovación de concesiones con criterios de usuarios incompletos y “dudosamente medidos”.
“El personal técnico de la Defensoría se comunicó con el exministro de seguridad, actual director del despacho, Mario Zamora, a efecto de advertir la necesidad de que se notificara el recurso de impugnación del nuevo grupo de 48 acuerdos; sin embargo, la respuesta fue evasiva y sin ninguna fundamentación que justificara la dilación, ni la omisión”, manifestó el Sindicato.
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