San José
La Defensoría de los Habitantes teme que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sea utilizada por Casa Presidencial para investigar asuntos que le corresponden por ley a otras instituciones estatales.
Así lo afirmó la defensora Montserrat Solano Carboni, luego de conocerse que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ayudó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) a investigar presuntas conexiones ilícitas de agua, en los acueductos públicos.
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Para Solano, es anormal que la agencia de inteligencia creada para velar por la seguridad nacional se mezcle en investigaciones de otras instituciones, por lo que en su criterio se comprueba la urgencia de delimitar el campo de acción de la DIS.
La investigación se efectuó en el 2015 con autorización de Mariano Figueres, director de la DIS.
"Las agencias de inteligencia se centran en temas que ponen en riesgo la seguridad nacional y, hasta donde sabemos, las conexiones ilícitas de agua no están poniendo en riesgo la existencia misma del Estado. Nos preocupa que se utilice a la DIS para investigaciones que les corresponden a otros órganos, sin que necesariamente se cumpla con los requisitos legales de esos otros órganos", recalcó.
"Don Mariano dice que la DIS puede investigar corrupción. Perdón, pero para eso está el OIJ y hay una ley para eso y no contempla a la DIS. Quiere que la DIS investigue temas de medioambiente, a menos que la DIS tenga en este momento ingenieros forestales que puedan hacer ese tipo de investigaciones; dice que ellos pueden investigar narcotráfico y lo cierto es que tenemos la Policía de Control de Drogas (PCD). Yo creo que a don Mariano le falta definir cuáles son las prioridades de seguridad nacional del país, porque si conexiones ilícitas de agua son un tema de seguridad nacional, entonces cualquier cosa lo es", expuso.
El viernes, La Nación solicitó una entrevista con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, superior jerárquico de Figueres. Sin embargo, su encargada de prensa, Ilse Chango, envió un mensaje de correo electrónico informando de que las explicaciones que brindó el director de la DIS a este rotativo habían sido suficientes, por lo que Alfaro no hablaría sobre el tema.
Los resultados de la investigación de la Dirección de Inteligencia fueron trasladados al AyA y, luego, se tradujeron en cuatro causas penales por supuesta usurpación de aguas y otros delitos que el Ministerio Público todavía investiga, a la espera de los informes policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del AyA (Sintraa), Mario Rodríguez, dijo que desconocía la intervención de la DIS hasta el momento en que este medio lo localizó para entrevistarlo sobre el tema, el miércoles pasado. Él consideró innecesaria la participación de la agencia, en vista de que Acueductos tiene técnicos, abogados, auditores e ingenieros que legalmente deben combatir la usurpación de agua de su infraestructura.
Mariano Figueres, por su parte, dijo a este diario que es "normal", por la credibilidad que generan sus informes, que a la DIS se le solicite su colaboración para investigar presuntos hechos de corrupción en el sector público.
La defensora no está de acuerdo con ese criterio del director de la DIS y afirma que, más bien, el carácter confidencial de los informes de la DIS genera sospechas y desconfianzas sobre los métodos que usa la agencia para obtener información.
La Defensoría ha sido crítica del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para convertir la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN). Según Solano, la iniciativa propiciaría la violación a las comunicaciones privadas de los ciudadanos y el espionaje político. La actuación de la DIS en Acueductos, según la defensora, da la razón a sus críticas sobre el funcionamiento actual de la agencia.
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Molestia alcanza a diputados
La revelación de que la DIS desplegó operaciones en el AyA, las cuales Figueres definió como "de campo y análisis", tampoco agradó a diputados de cinco bancadas, incluida la del oficialista Acción Ciudadana (PAC). El Frente Amplio, en cambio, respaldó la intervención.
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Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), anunció que el lunes presentará una moción para Mariano Figueres y la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, sean convocados por el Parlamento a fin de que expliquen los pormenores de la colaboración que hizo la DIS con la entidad autónoma. El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, adelantó que su bancada respaldará con sus votos la solicitud de Redondo.
"La DIS incurrió en un abuso y desviación de poder inaceptables. No tiene porqué meterse en ámbitos que no le corresponden. Esto del AyA es grave. ¿En cuántas áreas más, fuera de su competencia, se ha metido la DIS? Es muy peligroso. Se impone cerrar esta entidad", subrayó Redondo.
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El diputado y precandidato presidencial del Movimiento Libertario, Otto Guevara, concordó: "Ese órgano de inteligencia está a la deriva y se debe cerrar en el menor plazo posible antes de que la encontremos revisando los carteles de licitación del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), y las obras de infraestructura a ver si los concesionarios están haciendo lo que ofrecieron. Eso es descabellado".
"¿Por qué la auditoría interna del AyA no hizo la investigación? Es difícil creer que la entidad no tuviera la capacidad de enterarse e investigar si había alguna situación. Se debió seguir el debido proceso de la investigación. A título personal le puedo decir que por mí que cierre la DIS", dijo con enojo la subjefa de fracción del PAC, Marlene Madrigal.
Y el diputado de Liberación Nacional (PLN), Rolando González, dijo temer que la DIS haya extendido su presencia a investigaciones de carácter administrativo en el sector público.
"Esto puede reflejar esa inclinación del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís a encubrir a sus jerarcas ante actos de corrupción como los pagos excesivos a miembros de su Gabinete y, por el contrario, a tratar con dureza a funcionarios públicos nombrados en administraciones anteriores. El poder absoluto en materia de inteligencia es muy peligroso porque puede caer en el extremo de la persecución política", advirtió.
El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Francisco Camacho, opinó distinto a sus pares de otras bancadas y afirmó que mientras estén en juego intereses públicos se justifica la intervención de la DIS y de otros cuerpos de seguridad para atajar hechos delictivos. "Si hay gente llenando sus piscinas con agua robada la intervención de la DIS puede ser procedente", justificó.