La idea de que el Estado les ponga abogado a los trabajadores que no pueden pagar uno, a la hora de entablar o afrontar un juicio laboral, desvela a la Defensa Pública.
Dicha oficina del Poder Judicial se declara sin recursos para asumir la tarea. Alega que urgen 100 plazas nuevas solo para empezar, pero no todos los magistrados comparten ese requerimiento inicial.
La responsabilidad de que el Estado asuma esta defensa se incluye en la reforma procesal laboral que el Gobierno evalúa poner en ejecución, mediante el levantamiento del veto con que la expresidenta Laura Chinchilla frenó ese plan.
La iniciativa exigiría asistir a todo aquel trabajador que gane menos de ¢800.000 mensuales.
Mediante el oficio JEF-710-2014, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, advirtió a los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que su oficina necesita al menos ¢4.000 millones para financiar la asistencia de los trabajadores, públicos y privados, si asumieran el 80% de los casos.
Así lo informó en tiempos en que el Poder Judicial hace de tripas corazón para evitar recortes a su presupuesto del 2015.
Muñoz recalcó que necesitarían abogados, técnicos y oficinistas.
“Nosotros estamos en la mejor disposición de asumir la defensa. Tenemos la experiencia y la disposición, pero es importante tomar en cuenta de que se requieren recursos”, explicó.
En el Poder Judicial, el debate toma vigencia en vista de que un acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC) abre la posibilidad de que la reforma al Código Procesal Laboral reviva en manos del presidente Luis Guillermo Solís.
El plan de ley, aprobado por los congresistas de la pasada Asamblea Legislativa, plantea una reforma integral al Código que dicta la forma en que se administra la justicia a los trabajadores.
El proyecto introduciría la oralidad en los juicios laborales, lo que podría agilizar los procesos y reducir sus tiempos de trámite.
Sin embargo, Chinchilla lo vetó porque este plan legalizaría las huelgas en servicios esenciales, como la seguridad y la salud.
La reforma incluye, además, la obligatoriedad de que la oficina de la Defensa asuma la representación de los trabajadores que no ganen más de dos salarios base.
Por este motivo, Muñoz pide una revisión de las condiciones en que quedaría la defensa en caso de que el plan de ley resucite.
Sin embargo, el reclamo de la Defensa tiene oposición en la Corte. En criterio del magistrado presidente de la Sala II, Orlando Aguirre, quien además fue uno de los redactores del plan de ley, la propuesta no obliga a desembolsar los recursos de golpe.
“Es un proceso gradual”, dijo, y agregó que dicha gradualidad permitiría al Poder Judicial y a la Defensa Pública asumir su nuevo rol.
A pesar de que Muñoz presentó en su oficio un detalle de las plazas y recursos económicos que necesitarían para iniciar la defensa de los trabajadores, Aguirre considera que no hay cálculos técnicos.
“Yo creo que es muy prematuro hablar de plazas y recursos”, afirmó Aguirre.