La decisión del presidente Luis Guillermo Solís de levantar el veto al Proyecto de Ley de Código Procesal Laboral deja pendiendo de un hilo su alianza de gobernabilidad con la fracción del PUSC, de ocho diputados.
El enojo por la medida en las tiendas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se verá reflejado en el corto plazo, dijo el jefe de esa bancada, Rafael Ortiz.
Afirmó que perdió la confianza en los acuerdos con el Partido Acción Ciudadana (PAC). Ese recelo se reflejaría en el apoyo a proyectos del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa para recaudar más ingresos con nuevos impuestos.
El enojo surge en vista de que el acuerdo de gobernabilidad que el oficialismo firmó con los rojiazules en mayo –el cual permitió a un diputado del PAC presidir el Congreso– incluía un plazo de un año para analizar los cambios en el Proyecto de Ley de Código Procesal Laboral. No obstante, ese tiempo se lo llevó el viento con el levantamiento del veto.
Otros diputados de la Unidad fueron más tajantes.
Por ejemplo, Gerardo Vargas aseguró que la decisión de Solís demuestra que el único acuerdo real del oficialismo es con el izquierdista Frente Amplio (FA), el cual cuenta con 9 diputados.
La congresista Rosibel Ramos sostuvo que el Ejecutivo dio por finalizada la negociación de gobernabilidad que los unía.
El pacto de gobernabilidad le permitió al oficialismo poner a Henry Mora a presidir el Directorio del Congreso. Este acuerdo ahora queda en ascuas, y la posibilidad de renovación para el próximo año quedó debilitada.
En el PAC, con 13 legisladores, la esperanza es que el PUSC no los deje sin votos para mantener el control del Directorio.
La jefa rojiamarilla, Emilia Molina, afirmó que de momento no están pensando en los votos del 1.° de mayo. Agregó que mantendrá su apuesta al diálogo para recomponer las relaciones con la fracción socialcristiana.
“No creo que perdamos nuestros aliados, vamos a conversar muchísimo sobre esto, quisiéramos que lo del 1.° de mayo lo pospongamos para celebrar esta decisión y articular espacios para proyectos importantes en la Asamblea. Yo no renuncio al diálogo nunca”, dijo Molina.
La legisladora hizo hincapié en las bondades de la reforma al Código Procesal Laboral y afirmó que impulsarán los cambios necesarios para evitar las huelgas en servicios públicos esenciales, mediante la aprobación del proyecto de ley 19.306.
Este plan de ley está iniciando su proceso de discusión en el Congreso e implicaría una salida para evitar que el cuestionado aval a las huelgas, que da la reforma procesal laboral, sigan activas.
Lo anterior, pese a que el presidente Solís anunció ayer que emitirá un decreto para “prohibir” este tipo de huelgas.
Molina es consciente de que un decreto no está por encima de una ley, y que solo una reforma aprobada por el Congreso podría corregir lo señalado en el plan.
Quienes sí aplaudieron la decisión de Solís fueron los diputados del Frente Amplio, los que consideran la decisión como “valiente” e “histórica”.