El miércoles 20 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que él y la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, decidieron pasar a aulas u oficinas de escuelas a 50 de los supervisores del MEP con el fin de ahorrar en alquileres.
Esta idea tuvo su origen en un decreto emitido el pasado 15 de febrero por el entonces presidente Carlos Alvarado y el entonces ministro de Educación, Steven González.
Se trata del decreto 43505-MEP, el cual reformó la organización administrativa de las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Antes de este cambio, la norma establecía que las oficinas de supervisión debían operar en oficinas independientes a los centros educativos.
Sin embargo, Alvarado y González estimaron que “la situación financiera actual del Estado en general, así como de este Ministerio, restringen la inversión en arrendamiento de locales para oficinas, lo que impide crecer en cantidad de oficinas que se arriendan, así como la posibilidad de construcción de más oficinas administrativas”.
Con base en ese argumento el decreto estableció que “en caso de que no exista posibilidad de instalar la oficina de supervisión fuera de los centros educativos, la misma podrá funcionar dentro de una institución educativa, siempre y cuando la oficina se ubique en un espacio independiente, con acceso separado y que no interfiera con el funcionamiento normal de la institución educativa. Los servicios públicos de la oficina de Supervisión serán cancelados por el MEP”.
La posibilidad fue presentada
El exministro Steven González recordó que, debido a la situación financiera, “se presentó al entonces presidente la posibilidad de modificar la norma anterior y habilitar que las supervisiones se ubicaran en centros educativos, propuesta con la que estuvo de acuerdo”.
“La idea era hacer este proceso de manera ordenada y responsable para causar la menor afectación posible al centro educativo, realizando visitas en campo e identificando aquellos centros educativos con condiciones para recibir la oficina de supervisión, sin afectar los servicios y con inversiones mínimas para separar los accesos y evitar que las personas que llegan a realizar trámites a la supervisión se mezclen con los estudiantes, que en su mayoría son menores de edad.
“Ese proceso se realizaría en coordinación con los directores regionales como jefes de las supervisiones y en consenso con las comunidades educativas; sin embargo, debido al poco tiempo entre la emisión del nuevo decreto y el cambio de administración, quedó en manos del nuevo Gobierno ejecutar lo establecido en el decreto.
¿Cuántas supervisiones tiene el MEP y cuántas tienen alquileres?
González explicó que el MEP tiene 207 supervisiones de circuito educativo y, al 31 de diciembre del 2021, tenía 58 contratos de alquiler para oficinas de supervisión con un costo de ¢47 millones mensuales (¢564 millones anuales).
VEA BASE DE DATOS DE ALQUILERES DE SUPERVISIONES DEL MEP
Las restantes 149 oficinas están en instalaciones del MEP. Así se le informó al Ministerio de Hacienda en enero.
En cuanto a las 27 direcciones regionales, siete de ellas tienen instalaciones propias y 20 alquilan inmuebles con un costo de ¢178 millones de colones mensuales (¢2.136 millones anuales).
El exministro agregó que, con el objetivo de dar continuidad a los servicios, no era recomendable rescindir contratos hasta que se tuviese programado el traslado definitivo a la nueva sede.
El anuncio de Chaves
Por su parte, el miércoles 20 de junio, en conferencia de prensa, el presidente Chaves dijo que el Ministerio de Educación “tiene directores regionales donde ponen a supervisores regionales y resulta que el MEP estaba alquilando 82 edificios fuera del área metropolitana para mantener a esos 82 directores regionales y sus colegas de trabajo y, entonces, alguien tan brillante como la ministra, hablando tal vez hasta con el presidente, nos dijimos ‘diay, ¿pero cómo es eso? ¿No es que tenemos escuelas en cada uno de esos lugares? ¿No es que se les puede abrir un aula o una oficina en la escuela?’ Y así lo estamos haciendo”.
“De hecho, el MEP ya decidió rescindir y eliminar 50 de los 82 alquileres. Los 82 alquileres representan ¢2.000 millones al año y nos vamos a ahorrar al menos ¢1.400 millones moviendo esa gente de edificios alquilados a las instalaciones que ya tiene el MEP”.