Candidatos como José María Figueres, Lineth Saborío, Eli Feinzaig y Eduardo Cruickshank se han pronunciado en favor de rebalancear las cargas sociales, como una medida para aumentar el empleo formal, reducir el desempleo y reactivar la economía.
Actualmente, los patronos pagan un 26,5% de cargas sociales por cada asalariado, cifra que está por encima del promedio de lo que se paga en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Reducir estas cargas implicaría que el Gobierno busque otra forma de financiar a las instituciones que se financian con las cargas patronales, como el INA, el Fodesaf, el Banco Popular y el IMAS. La OCDE, por ejemplo, sugirió efectuar el rebalanceo mediante un ajuste al impuesto a la propiedad.
Un estudio del BCCR señaló que, si bien una parte del dinero sería compensada por un aumento en la cantidad de trabajadores formales, otra parte quedaría al descubierto.
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El Gobierno necesitaría entre ¢240.000 millones y ¢962.000 anuales para hacer el ajuste, según sea el tamaño de la rebaja en las cargas sociales.
-Primer escenario: Reducir las cargas patronales de un 26,5% a un 19,8% costaría ¢240.000 millones, equivalentes al 0,63% del producto interno bruto (PIB).
-Segundo escenario: Bajar las cuotas a la mitad, de un 26,5% a un 13,2%, le demandaría al Gobierno ¢536.000 millones anuales en compensación, cifra equivalente a un 1,45% de la producción.
-Tercer escenario: Si las cargas patronales bajaran a un 6,6%, la transferencia anual del Gobierno tendría que ser de ¢962.000 anuales.
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Actualmente, el empleo formal es de un 56% de la población trabajadora. En los dos primeros escenarios, los más realistas, este porcentaje subiría a un 61% y un 67%, según la proyección del BCCR.
Esto significaría que se crearían 120.000 y 262.000 empleos formales, en cada escenario.
Figueres propuso financiar con impuestos generales los aportes que no están relacionados con el seguro de salud de la CCSS y con pensiones. Se trata de las cuotas dirigidas al Fondo Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf, 5%), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, 1,5%), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, 0,5%) y Banco Popular (0,25%).
Sin embargo, el candidato del PLN no aclaró si la reposición se financiaría mediante nuevos impuestos o el aumento de los ya existentes.
Juan Carlos Hidalgo, candidato a diputado socialcristiano, quien respondió en nombre de la campaña de Lineth Saborío, dijo que para compensar el faltante “lo fiscalmente responsable es buscar un alza, al menos en el corto plazo, en la tasa de un impuesto existente que compense el 0,63% del PIB”.
Sin embargo, aclaró que ello no implicaría un aumento general de impuestos, sino una reestructuración de la carga tributaria.
“No excluye que, como parte de otro paquete de reformas estructurales para reactivar la economía, se busquen recortes de otros impuestos que atentan contra la inversión y la producción”, expuso.
Eduardo Cruickshank no propone aumentar los impuestos actuales ni crear otros nuevos para sustituir ingresos para las instituciones, sino procurar eficiencia en el gasto público mediante la fusión de las entidades que se dedican al gasto social.
Eli Feinzaig coincide con el restauracionista en que se debe revisar el gasto, por muy complejo que sea el proceso, antes de elevar tributos. De entrada, además, recomienda eliminar por completo el aporte del 0,25% al Banco Popular.
Luego, Feinzaig recomienda fusionar en un solo ministerio de bienestar social las 23 instituciones que hoy se dedican a atender la pobreza.
“Los ahorros en burocracia serían muy significativos. Entonces, lo que dejan de percibir esas entidades lo podrían recuperar por la vía de esos ahorros”, aseguró.
Agregó que, a nivel interno, la Caja podría generar ahorros administrativos al tercerizar servicios.
Recomendación de la OCDE
Por su parte, la OCDE recomendó en el 2020: “Costa Rica recauda relativamente pocos ingresos de los impuestos a la propiedad. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”, indicó.
Como ejemplo, la Organización puso a Colombia donde la actualización y mejora del catastro podrían dar un rendimiento adicional del 0,3% del PIB.
“Establecer diferentes tasas de impuestos a la propiedad puede ser útil para garantizar la progresividad, como lo demuestran varios países de la OCDE como Irlanda. Estos cambios fiscales ayudarían a aumentar los ingresos de manera eficiente y progresiva, lo que podría ayudar a cerrar el desequilibrio fiscal”, aconsejó.
Efectos de reducir cuotas
Un estudio del Banco Central estimó el efecto que tendría reducir las cargas patronales sobre el empleo formal, el nivel de empleo y la recaudación para financiar instituciones.
FUENTE: BCCR || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.