El Estado costarricense tiene lista la defensa que presentará el viernes 5 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en donde enfrenta un juicio por, supuestamente, infringir los derechos de 17 condenados por delitos que van desde el peculado a la violación de menores, pasando por el narcotráfico.
Se trata de 17 casos diferentes agrupados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el expediente 12.820, que fueron trasladados a la Corte IDH, en abril del 2015.
En la lista de demandantes destacan cinco exdirectivos del desaparecido Banco Anglo Costarricense, cerrado en 1994.
Una vez presentado el legajo de defensa, los jueces deben determinar si se violaron derechos a los condenados, dijo a La Nación Gioconda Ubeda, directora jurídica de la Cancillería y encargada de la coordinación de la defensa del Estado.
“Hace un año que estamos preparando la defensa, ya está el documento listo, un legajo de poco más de 500 páginas sin contar los anexos. Ha sido un trabajo titánico, pero ha valido el esfuerzo”, dijo Ubeda.
Cuatro juicios. Este es el cuarto proceso por supuestas violaciones a los derechos humanos que afronta el país ante la Corte, en los últimos 15 años.
El primero concluyó con la sentencia “Herrera Ulloa contra el Estado” en el 2001 y reformada parcialmente en 2004.
Precisamente, en este proceso se sancionó al Estado costarricense por no permitir la revisión de las sentencias en segunda instancia. Esta disposición es la base del alegato de los demandantes en el proceso que afronta actualmente el país.
Los acusadores señalan que el Estado incumplió el artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en lo referente al recurso de revisión de las sentencias.
Empero, Ubeda considera que hay variables en ambos procesos que hacen inaplicable, para esta ocasión, una sentencia como la del caso de Herrera Ulloa. Sin embargo, Ubeda prefirió no brindar detalles del fondo de la defensa.
Los otros dos asuntos se relacionan con la fecundación in vitro ( FIV), uno de ellos está en proceso y en el otro ya el Estado fue condenado por la Corte en el año 2012.
¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? “Tenemos 17 quejosos divididos en tres grupos, con delitos muy variados, desde los directivos del Banco Anglo hasta violadores, estafadores, en fin, es una pléyade de distintos temas”, dijo a La Nación el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo.
Se trata de cinco exfuncionarios del Banco Anglo Costarricense, condenados por el delito de peculado en el 2001.
Por el descalabro financiero fueron condenados, el 20 de junio del 2001, el exgerente general, Carlos Hernán Robles, y los exmiembros de la Junta Directiva Manfred Amhrein, Rónald Fernández, Carlos Osborne, Edwin Salazar, Arturo Fallas y Carlos Manuel González.
Todos ellos, menos Robles tratan de que la Corte Interamericana anule el juicio que los condenó por peculado en el 2001 a 19 años de prisión, apuntó la directora jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda, quien coordina la defensa por parte del Estado. Salazar, entre tanto, falleció en noviembre de 2005.
Además de los exbanqueros, la demanda de la Comisión Interamericana intenta que se revisen las condenas de siete personas castigadas por tráfico internacional de drogas, que fueron sancionadas entre 7 y 15 años.
En este apartado figuran los colombianos Carlos Eduardo Yepes Cruz, Miguel Antonio Valverde Montoya, Enrique Floyd Archbold Jay, Luis Archbold Jay. Todos condenados a 12 años por narcotráfico.
Por este y otros delitos, aparecen los ticos Miguel Ángel Mora Calvo, quien tiene dos condenas, una por 7 años y otra por 15, por posesión, transporte y almacenamiento de droga agravado.
Además de Damas Vega Tencio, condenado por el delito de tentativa de homicidio calificado y robo agravado a 20 años y otra por tres años y cuatro meses por robo agravado.
¿Quién los defiende? De acuerdo con el magistrado Arroyo, los demandantes se dividen en tres grupos, independientemente de los delitos por los que fueron condenados. Así las cosas, estos primeros 11, en donde figuran los cinco exdirectivos del Anglo y los condenados por narcotráfico, son representados por la oficina de Servicios Interamericanos de Profesionales en Derechos Humanos.
El abogado encargado de llevar su caso es Víctor Rodríguez Rescia, reseñó Ubeda.
El otro grupo recurrente en Corte es Jorge Alberto Martínez Meléndez, quien abarcó titulares en el año 2001, al ser juzgado por 12 delitos de peculado continuado en perjuicio de los deberes de la función pública en un caso de estafa y uso de documento falso en perjuicio del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Martínez Meléndez estuvo en prisión preventiva seis meses, se dio a la fuga a Canadá, fue extraditado y condenado a 19 años de prisión y 12 años de inhabilitación en cargos públicos. A él lo defiende su hijo Adrián Martínez.
Finalmente, el tercer grupo lo conforman Rafael Antonio Rojas Madrigal, condenado por el delito de uso falso de documento en perjuicio de la fe pública, dos delitos de abuso sexual contra menores y un delito de violación en perjuicio de un niño, señala el expediente. Tiene condena de cuatro años de prisión (rebajada a tres) por documento falso, una de 24 años de prisión (abuso sexual) y una tercera por estafa y uso de documento falso por 5 años.
El segundo demandante de este grupo es Guillermo Rodríguez Silva: dos delitos de violación calificada y un delito de abuso sexual en perjuicio de un menor. Además, cómplice en dos delitos de violación agravada (una hija de él con retardo mental a quien usó para pagar una deuda).
A ellos se suma Martín Rojas Hernández condenado a 28 de prisión: dos delitos de violación agravada (violó a una niña con retraso mental y por abusos en perjuicio de su propia hija).
También figura Manuel Fernández Quesada, condenado a 24 años de prisión por dos delitos de violación y un delito de abuso sexual en perjuicio de menor de edad de primer grado de escuela.
Finalmente, está Fernando Saldarriaga Saldarriaga, un colombiano condenado por narcotráfico y, al parecer, fallecido, ligado a Yepes. A ellos los representa la organización Defensores Interamericanos, conformada por defensores públicos de países de la región, incluido Costa Rica.
Nota del editor: Esta nota fue modificada el 1.° de febrero a las 9:45 a. m.