Costa Rica le otorgó asilo político a Álvaro Leiva, activista nicaragüense de derechos humanos.
Leiva, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), pidió ayuda a Costa Rica al considerarse en riesgo por la crisis que afronta Nicaragua.
Las protestas contra el régimen del presidente Daniel Ortega, desde hace casi seis meses, ya suman 320 muertos.
El activista nicaragüense dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores tico que ha sido víctima de persecución política y que ha sufrido actos que van en detrimento de su vida, libertad, seguridad e integridad personal.
Por estas razones, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Relaciones Exteriores, Epsy Campbell, acogieron la petitoria de Leiva, explicó la Cancillería en un comunicado.
“En Nicaragua lo que existe es una grave crisis de violación a los derechos humanos. Tenemos un Estado que se ha caracterizado por ser ciego, sordo y mudo frente a las demandas de los ciudadanos y de la comunidad internacional de cumplir tres aspectos fundamentales como lo son la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”, dijo Leiva a La Nación en una entrevista en mayo de este 2018.
Agregó: “El gobierno de Daniel Ortega se ha caracterizado por promover la injusticia, la indolencia y la impunidad hacia los ciudadanos nicaragüenses con respecto a sus derechos fundamentales. Hoy en Nicaragua, los poderes no tienen independencia en el ejercicio de su función, esto lógicamente ha traído un descontento en la sociedad”.
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Justo tres meses después, en agosto, la ANPDH, dirigida por él en Nicaragua, cerró sus puertas luego de recibir serias amenazas y padecer el asedio de grupos armados ilegales.
La organización trabajaba en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados durante las protestas contra el gobierno.
La ANPDH “se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra" de sus activistas, alertó la organización en un comunicado que reprodujo en aquel momento por la agencia de noticias AP.
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‘Única solicitud’
Según la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense, la solicitud de asilo del defensor nicaragüense de derechos humanos es la única que se ha tramitado en esa instancia.
La concesión o denegatoria de esta figura es un acto de Gobierno, por lo que le corresponde al Poder Ejecutivo valorar los hechos, las pruebas y las razones argumentadas por el solicitante.
El asilo político se entiende como una protección especial otorgada a personas con rango diplomático o activistas políticos en su país de origen.
Dicha figura está contemplada en el artículo 31 de la Constitución Política. Incluso la Sala Constitucional ha señalado que se trata de un principio jurídico de rango superior, el cual “se manifiesta en actos humanitarios de solidaridad”.
En tanto, las solicitudes de refugio socorren a quienes pueden demostrar con pruebas que son perseguidos por motivos de raza, género o pertenencia a una agrupación específica.
Estas últimas las gestiona la Dirección General de Migración y Extranjería y, a la fecha, desde que empezó la crisis política en Nicaragua, siguen su trámite normal en nuestro país.