El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que espera para finales de enero del 2018 el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sobre el litigio por los límites marítimos con Nicaragua, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
La confirmación de la fecha la dio la oficina de Prensa de la Cancillería, este miércoles. Ese despacho indicó que la fecha de la resolución la comunicó el embajador de Costa Rica en los Países Bajos, Sergio Ugalde.
El diplomático es quien ha conducido el proceso que el Gobierno planteó en febrero del 2014 ante la CIJ, después de que Managua ofertara bloques de mar, tanto en el Caribe como en el Pacífico, para la explotación petrolera.
Según San José, las zonas que Nicaragua anunció internacionalmente para su concesión, están, en parte, dentro de su territorio marítimo.
Ugalde, además, fue parte del equipo de abogados costarricenses y extranjeros que ganaron en diciembre del 2015 el litigio fronterizo con Nicaragua por isla Portillos, en el Caribe norte costarricense.
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Esa porción de territorio fue invadida en octubre del 2010 por el Gobierno de Daniel Ortega, durante el proceso de dragado del río San Juan, que fija la frontera entre ambas naciones.
Precisamente, la confirmación de que Portillos es territorio costarricense en la margen derecha del San Juan tendrá una potencial incidencia en la fijación de los límites marítimos entre ambas naciones, pues afectará la proyección de la línea de equidistancia que marcará dónde empezarán y dónde terminarán sus derechos en el mar Caribe.
El juicio actual no ha sido menos engorroso que aquel en el que el país logró que los altos jueces confirmaran su soberanía sobre Portillos.
Las audiencias orales del caso fueron convocadas por la CIJ en julio del 2017. Entonces, Costa Rica mostró su enfado con los reclamos nicaragüenses sobre el mar en disputa. Según el embajador Sergio Ugalde, los alegatos del gobierno de Daniel Ortega fueron "poco realistas y exagerados" inclusive recurriendo, según el diplomático, a un "extremo remodelaje de la geografía real".
A tal punto llegaron esos argumentos de Managua que en su contestación a la demanda de San José presentaron mapas de Costa Rica en los que eliminó la península de Nicoya del mapa nacional, por considerar que la geografía de dicha zona le da a Costa Rica "una injusta ventaja" a la hora de fijar los límites en el Pacífico, alegato que la delegación de juristas costarricenses consideró como risible en el seno de la CIJ.
Nicaragua pretende que, en esa costa, el límite marítimo se trace mucho más al sur de lo que pretende Costa Rica.
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"Eliminan la península de Nicoya, como si no existiera. Entonces, claro, sobre la base de eliminar la realidad geográfica de una parte importante de nuestro territorio, le piden a la Corte una línea que se traza desde muchísimo más abajo de lo que en Derecho Internacional debería ser", criticó Sergio Ugalde a principios de julio pasado durante una entrevista con este diario.
Durante los primeros días de las audiencias orales quedó claro que, de acuerdo con el trazado de líneas fronterizas marítimas propuesto por Costa Rica, 25 de aquellos bloques petroleros que Managua pretende concesionar desde el 2014 quedaron total o parcialmente dentro del mar que San José reclama en el Caribe y otros 12 en el Pacífico.
El Estado costarricense prohibió la exploración petrolera, mediante una moratoria vigente hasta el 2021, y con los límites propuestos se garantizaría no poner en riesgo el denominado "Bloque 11", un área de 523 kilómetros cuadrados ubicada en la costa frente al extremo norte de Limón, en la que se ubicarían las mejores reservas de petróleo y gas natural del Caribe, según un estudio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En contra del método de la equidistancia
El equipo nicaragüense ante la CIJ alega que el principio de la equidistancia para fijar la frontera marítima tiende a producir resultados injustos, debido a la forma de la península de Nicoya.
Y, citando jurisprudencia del Tribunal en casos de fijación de límites marítimos, Nicaragua adujo durante las audiencias de julio pasado, que "la pronunciada protrusión de la península de Nicoya (porción de tierra que se adentra en el mar) es exactamente el tipo de manifiesta irregularidad a la que la CIJ se ha referido".
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"La línea de equidistancia provisional de Costa Rica es controlada enteramente por esta pronunciada protrusión en la costa costarricense que es inconsistente con la tendencia general de las costas de las partes (países en litigio) considerada en su conjunto. Aunque la naturaleza ha dotado a Nicaragua de una costa considerable, la protrusión de la península de Nicoya en la zona inmediatamente adyacente a la frontera terrestre hace que la línea de equidistancia provisional de Costa Rica produzca resultados 'antinaturales o poco razonables'".
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Por esa razón, el gobierno de Daniel Ortega optó por trazar la línea de equidistancia sin la península de Nicoya e, incluso, trazó una línea media entre esta y otra parecida a la que propone Costa Rica.
Desde el 2010 la relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se apagaron por los litigios fronterizos. Durante la administración de Luis Guillermo Solís se le dio continuidad a la política de congelamiento de los contactos entre ambos gobiernos que inició durante el mandato de Laura Chinchilla (2010-2014).
A parte de la disputa por los límites marítimos, Costa Rica tiene vivo en la CIJ otro caso contra Nicaragua por la instalación, en enero del presente año, de un campamento militar en la playa de isla Calero, frente al mar Caribe.
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El Gobierno cree que la instalación de ese campamento en territorio que ya la CIJ había confirmado como costarricense hace dos años, tiene relación con las pretensiones de Nicaragua en términos de territorio marítimo, pues la base se ubicó más al sur de donde debería trazarse la línea de equidistancia, comiéndose una porción del mar tico.