La Corte Suprema de Justicia investiga al juez del Juzgado de Familia, Carlos Sánchez, por validar derechos a una pareja de homosexuales en una sentencia del 2013.
Los magistrados intentan determinar si el juez incurrió en una falta grave o gravísima, que le podría costar el puesto, luego de que, supuestamente, aplicara una ley congelada por la Sala Constitucional para fundamentar la sentencia que validó derechos de la pareja conformada por Gerald Castro y Cristhian Zamora.
Los magistrados tuvieron un un intenso debate en la sesión de Corte Plena del 8 de febrero pasado, que había pasado prácticamente inadvertida para la opinión pública, hasta ahora.
En la presentación del caso, hecha por el magistrado presidente de la Sala I, Luis Guillermo Rivas, se explica que el caso contra Sánchez se abrió de oficio por la Oficina de Inspección Judicial del Poder Judicial, luego de que se percataran de que la demanda de la pareja homosexual se basaba en la aplicación de la Ley de la Persona Joven y de convenios internacionales.
La Ley de la Persona Joven fue reformada por el Congreso en el 2013, de manera que validaba los derechos civiles de las personas que convivieran en unión de hecho, sin discriminar estos derechos por la identidad sexual.
Sin embargo, una acción de inconstitucionalidad presentada ese mismo año, hizo que la Sala IV frenara la aplicación de la norma hasta no resolver si es constitucional o no.
Los magistrados se enfrascaron en la posibilidad de que Sánchez basara su sentencia en la Ley de la Persona Joven, lo que implicaría un irrespeto hacia la orden de la Sala.
Pero tanto en la sentencia como por medio de su abogada, Yaruma Vásquez, esta premisa no sería correcta, pues la sentencia se basó en la aplicación de convenios internacionales de no discriminación a derechos humanos.
Para Vásquez, el juez valoró que la unión de hecho “es una de las múltiples formas que las familias se conforman”, por lo que el caso llegó al Juzgado de Familia en busca de que se reconocieran sus derechos civiles, como herencia, proteger los bienes de su pareja y tomar decisiones médicas en caso de que el otro no pueda.
El proceso causa enojo en la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que representa a cerca de un millar de jueces activos en el país.
La presidenta de esa agrupación, Adriana Orucú, dijo a La Nación que la actuación de los magistrados pone en peligro la independencia de los jueces a la hora de dictar sentencias.
Un día largo. Sin embargo, el día del debate en la Corte, este criterio no fue tomado en cuenta, y los magistrados no llegaron a un acuerdo sobre cómo actuar frente a la resolución de Sánchez.
Los magistrados se mostraron confundidos sobre cómo proceder, pues el caso les cayó luego de que la Inspección Judicial, el mismo órgano, que decidió abrir el caso, se declarara incompetente para resolver.
El magistrado Román Solís cuestionó la forma en que se abrió el proceso.
“Me llamó mucho la atención y lo digo con toda claridad, que las sentencias se hacen públicas un día, y ese mismo día en horas de la tarde el Tribunal de la Inspección Judicial le abre un procedimiento de investigación al juez”, comentó Solís.
El alto juez manifestó que confía plenamente en los procesos de la Corte y “en el Estado constitucional de Derecho, y es imposible que los aparatos institucionales puedan ponerse a funcionar exclusivamente desde una perspectiva ideológica filosófica o ideológica religiosa, para perseguir a un juez”.
Sin embargo, la magistrada Rocío Rojas reiteró que se debe determinar si hubo o no un incumplimiento a la orden de la Sala de no aplicar la Ley de la Persona Joven, más allá de las consideraciones de la sentencia.
“El asunto es si respetó o no una orden de la Sala Constitucional, tomando en cuenta además que hay un precedente anterior, donde esta misma Corte –me refiero a órgano– ya había dispuesto la revocatoria del nombramiento de la no reelección a unos jueces por hacer exactamente lo mismo”, dijo Rojas.
Al final, los magistrados acordaron que esperarán a que la Sala IV resuelva la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Persona Joven, para determinar cómo proceder.
En tanto, el juez sigue a la espera, sin que su futuro se aclare. Sin embargo, los magistrados no tienen plazo para resolver.
Esta situación mantiene a la defensiva tanto a Acojud como a otros organismos de defensa del derecho, en vista de que el debate podría desencadenar en la eventual sanción de la suspensión y remoción del cargo para Sánchez, por la sentencia a favor de la pareja gay.