La Contraloría General de la República (CGR) sugirió a los diputados revisar la procedencia legal del enganche que obliga al Gobierno a aumentar la contribución estatal para las pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial cuando incrementa la cuota para las pensiones mínimas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Los dos últimos ajustes automáticos de este tipo, aplicados en el 2016 y el 2019, le demandaron al Gobierno más de ¢13.000 millones anuales en favor de estos regímenes exclusivos, con el agravante de que vienen más en camino.
La Contraloría se refirió al problema en un análisis acerca del peso de las pensiones sobre las finanzas estatales, el cual envió a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para la discusión del Presupuesto Ordinario de la República del 2022.
El cuestionado enganche, que beneficia las pensiones de educadores y empleados judiciales, tiene su asidero en leyes según las cuales la contribución del Estado a sus fondos de jubilación será la misma que la establecida para el IVM, el principal sistema de jubilaciones del país.
En el 2016, la Junta Directiva de la Caja acordó aumentar de forma escalonada la contribución estatal para tapar un hueco de ¢54.000 millones anuales en el financiamiento de las pensiones mínimas, las de ¢130.000 mensuales, que perciben 80.500 beneficiarios que no cotizaron lo suficiente para recibir el mínimo monto vital.
Así, el aporte estatal pasó del 0,58% del salario de cada trabajador a 1,24%. La cuota subió nuevamente en el 2020 a un 1,41%, y, ahora, subirá gradualmente hasta alcanzar el 1,91% en 2035.
Sin embargo, pese a que las modificaciones eran en beneficio de las pensiones del IVM, el enganche ajustó al alza automáticamente las contribuciones para el régimen de pensiones del Poder Judicial y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
Así ocurre pese a que los cotizantes de estos regímenes tienen salarios y pensiones mayores que los del IVM, además de que el Estado, en su condición de patrono, les aporta mucho más dinero. La pensión promedio en el Poder Judicial es casi seis veces mayor que en el IVM (¢1.560.000 frente a ¢278.000).
En la Corte, el salario promedio de un funcionario es de ¢1,6 millones, lo que hoy exige un aporte estatal de ¢22.370 para las pensiones, equivalente al 1,41% del salario.
Sin embargo, el mismo Estado, como patrono, le aporta a este mismo empleado una cotización equivalente al 14,36%, casi ¢230.000. Esta contribución casi triplica el 5,25% que pagan los patronos a los demás trabajadores cubiertos por el régimen del IVM.
En el RCC del Magisterio, el Estado también aporta más en su condición de patrono, un 6,75%. Este régimen, además, permite a los cotizantes retirarse mucho más jóvenes, incluso con 55 años, en comparación con los 65 que exige el IVM.
La Contraloría estima que podría existir una interpretación, de manera que el Estado no esté obligado a aumentar su cuota para los regímenes especiales cuando lo hace para el IVM.
“Dicho incremento en la contribución estatal fue acordado ‘para el financiamiento de pensiones mínimas que otorgue el IVM en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente’; no obstante, al conceptualizarse dicho aporte dentro de la cuota del Estado como tal, del mismo también se benefician otros regímenes, como el de Capitalización del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial, lo cual sería apropiado revisar en cuanto a si procede para estos otros casos.
“Hay subvenciones del Estado que se extienden en forma automática hacia otros regímenes, situación que debe ser revisada”, insistió el órgano contralor.
La situación cobra más relevancia al considerar que la CCSS tiene previsto aumentar el aporte estatal para las pensiones del IVM a un 1,91% para el 2035 en forma progresiva (1,57% en 2025; 1,75% en 2030; y 1,91% en 2035).
La decisión de la CCSS, en el 2016, provocó un reclamo por parte del Ministerio de Hacienda, no solo por el aumento de la contribución de todos los trabajadores cotizantes al régimen del IVM, sino también por la cadena de alzas que ocasionó el acuerdo para sistemas de pensiones exclusivos.
Para la diputada Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN), es necesario atender la observación, pues el aumento del aporte estatal beneficia a regímenes con características muy diferentes en factores como la edad de retiro, el monto de pensión, la contribución del pensionado y el aporte patronal.
Peso del enganche
Del 2016 al 2019, la cuota estatal pasó de un 0,58% a un 1,41% del salario. El ajuste obligó al Gobierno a aumentar de ¢1.589 millones a ¢3.863 millones los giros para cubrir la contribución estatal. Para 2035, cuando la contribución se eleve al 1,91%, esa cifra subirá a unos ¢5.233 millones.
En el caso del Magisterio, tomando en cuenta la planilla actual, la contribución estatal demandará casi ¢23.000 millones en el 2035, en vez de los ¢18.000 millones actuales. No obstante, el peso del ajuste puede ser mayor, pues también cotizan para el RCC funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), algunos profesores de universidades estatales y educadores de instituciones educativas del sector privado.
Estas cifras ayudan a engrosar el billón de colones que hoy Hacienda debe destinar a pagar pensiones de Gobierno y contribuciones para cotizantes activos.
Defienden legalidad del enganche
El Fondo de Pensiones del Poder Judicial y Jupema argumentaron que sería improcedente legalmente entregar una cuota menor a la establecida para el régimen del IVM.
El ente administrador de las jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia señaló que los aportes estatales deben ser iguales para todos los trabajadores, independientemente de si laboran en el sector público o privado.
“La posición que recomienda adoptar la Contraloría General de la República violentaría el principio de aporte tripartito del Estado a los regímenes de pensión del primer pilar e iría en clara contraposición de lo establecido en la Ley, por lo cual no se considera una opción factible en su aplicación, conforme al marco normativo aplicable”, afirmó.
Entretanto, la directora financiera administrativa de Jupema, Kattia Rojas, señaló que “es relevante señalar que pensar en hacer diferenciaciones no solo transgrede la Constitución, sino que debilitan a los regímenes sustitutivos como el de Capitalización Colectiva, el cual se encuentra equilibrado actuarialmente”.
Por el contrario, la Contraloría estima que ese enganche “genera un beneficio para esos regímenes, que sería apropiado revisar si procede a la luz del objetivo inicial” del acuerdo de Junta Directiva de la Caja, que era “el establecimiento de una subvención estatal respecto a la pensión mínima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”.