La Contraloría General de la República (CGR) improbó en su totalidad un presupuesto extraordinario de ¢4.150 millones presentado por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el cual tenía como fin incorporar recursos por la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a instituciones públicas.
El 1.° de agosto, el Consejo Ejecutivo del Sinart aprobó internamente el segundo presupuesto extraordinario del 2023, con motivo de contratos obtenidos por la agencia de publicidad estatal para colocar, por ejemplo, la pauta de diversas entidades en medios de comunicación.
No obstante, la Contraloría improbó el plan de gastos al encontrar que incumplía el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
La plurianualidad está fijada en el artículo 176 de la Constitución Política. Consiste en que, cuando las instituciones presupuesten gastos para un año porque en ese momento tienen el dinero para pagarlos, deben evaluar si tendrán fondos para cubrirlos en los años siguientes, con el fin de garantizar la continuidad.
La CGR advirtió de que, en el caso del Sinart, este segundo presupuesto extraordinario equivalía al 71% del total del presupuesto inicial de la empresa estatal, que es de ¢5.819 millones, por lo cual resultaba de “vital importancia” que un análisis determinara si se cumplía con el principio de presupuesto plurianual.
Así lo expuso en un oficio enviado a Fernando Sandí, jerarca de la empresa estatal.
El análisis debía identificar problemas que se puedan presentar en el futuro en cuanto al nivel de ingresos y gastos. Su ausencia impidió asegurar la sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos, expuso la CGR.
La Contraloría recordó al Sinart que el primer presupuesto extraordinario también fue rechazado por carecer de la evaluación plurianual.
En el segundo presupuesto extraordinario, la empresa estatal indicó que los ingresos estimados corresponden a proyectos de manejo de publicidad con:
- Junta de Protección Social (JPS), por ¢2.310 millones
- Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), por ¢604 millones
- Acueductos y Alcantarillados (AyA), por ¢578,2 millones
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por ¢230 millones
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢180 millones
- Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por ¢170 millones
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por ¢30,2 millones
- Presidencia de la República, por ¢30 millones
- Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), por ¢7,8 millones
- Universidad Estatal a Distancia (UNED), por ¢5,2 millones
- Ministerio de Cultura y Juventud, por ¢1,9 millones
- Municipalidad de Montes de Oca, por ¢0,9 millones
El Sinart empezó a sumar acuerdos con instituciones públicas hasta sumar al menos 14 contratos por casi ¢8.000 millones, para el manejo de pauta estatal.
Varios de estos contratos fueron adjudicados sin que el Sinart participara en un concurso público en el que se escogiera la mejor opción, lo que ha motivado a los diputados a crear una comisión investigadora.
La semana pasada, la exdirectora jurídica del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Mariana Fernández Sequeira, reveló que el expresidente de esta empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la “orden directa” de contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, había identificado como asesor en comunicación del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Esa empresa, de nombre Nocaut, provee servicios de producción audiovisual a la agencia de publicidad del Sinart. La agencia, a su vez, debe cumplir con los contratos de servicios publicitarios firmados con instituciones públicas.
Mariana Fernández Sequeira renunció a su cargo el jueves 7 de setiembre, un día después de trascender la noticia de la orden de Trigueros.
Este medio envió consultas al Sinart para conocer qué consecuencia tiene para la empresa estatal la decisión de la Contraloría y qué acciones tomará.
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