La Contraloría General de la República (CGR) exigió transparencia en la aplicación de las cláusulas de escape que permiten al Gobierno liberar a instituciones de la aplicación de la regla fiscal, mecanismo que le impone un tope al crecimiento al gasto corriente del sector público cuando el país está en crisis económica.
En el mes de agosto, el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Elian Villegas, autorizaron la aplicación de la cláusula de escape para el Consejo Nacional de la Producción (CNP) por casi ¢43.000 millones, sin explicarle las razones al Congreso, lo que generó molestia entre los diputados de los partidos de oposición.
Al respecto, la Contraloría hizo énfasis en que el Ejecutivo no presentó ninguna especificación para permitir al CNP aumentar el gasto, por lo que a la fecha se desconoce el destino de los recursos que podrá utilizar por encima de la regla fiscal.
Las cláusulas de escape se aplican únicamente en casos de emergencia nacional. En la carta enviada por el mandatario Alvarado a los diputados de la Asamblea Legislativa, para informar de la excepción, tampoco se aclaró el objetivo y uso de los fondos aprobados para el CNP.
Además del escape aprobado al Consejo, también se autorizó la excepción para el Ministerio de Educación Pública (MEP) por ¢41.500 millones y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por ¢20.000 millones.
“Dado que los recursos son escasos, debe procurarse su utilización de manera eficiente y congruente con los requerimientos del país. Por tanto, esta Contraloría considera relevante que se comunique con transparencia y claridad el uso de los montos establecidos en cláusulas de escape para este caso y posteriores”, manifestó la CGR.
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“En contexto de pandemia, se ha establecido la aplicación de cláusulas de escape para instituciones como el Ministerio de Salud, al primer semestre del año. No obstante, dada la incorporación posterior de otras suspensiones de regla fiscal, se recalca la necesidad de priorizar la transparencia y claridad en el uso de los recursos públicos”, agregó la Contraloría.
Los gastos relacionados con cláusulas de escape deben estar destinados únicamente a la atención de una emergencia, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal.
En el mes de agosto, La Nación consultó al CNP por el destino de los recursos, a lo que únicamente respondió que los recursos se utilizarán en un 90% para alimentos y en un 10% para productos de higiene y limpieza.
En el caso del MEP, se autorizó la cláusula de escape para la adquisición de implementos de limpieza e higiene en centros educativos, servicios de alimentación, pago de Internet y la estrategia “Regresar del MEP”.
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Adicionalmente, para el ejercicio presupuestario 2022, se contempla una cláusula para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con el fin de ampliar la cobertura y servicios para reforzar la empleabilidad de las personas.
Para esto, el INA busca extender la cobertura de servicios de capacitación, formación y apoyos complementarios como parte de la recuperación ante la emergencia provocada por la pandemia.
La suspensión de la regla fiscal no podrá exceder dos ejercicios presupuestarios.
Anteriormente, en el mes abril, el Poder Ejecutivo comunicó la aplicación de una cláusula de escape correspondiente al Ministerio de Salud, la cual se otorgó por un monto de ¢40.500 millones destinados a la compra de vacunas.
Según la CGR, este monto representa un 1,1% del total de gasto corriente ejecutado por el Gobierno de la República al primer semestre del año y un 0,1% del producto interno bruto (PIB).
Además, del total establecido por dicha cláusula de escape, al mes de junio se habían ejecutado ¢19.753 millones.