La Contraloría General de la República (CGR) desmintió haber dicho que los recursos destinados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para atender la Red de Cuido, estén excluidos de la regla fiscal, como lo afirmó en varias ocasiones el Gobierno durante la discusión del Presupuesto Nacional del 2022.
La aclaración la hizo en un oficio enviado este 21 de octubre a la presidenta ejecutiva del PANI, Gladys Jiménez Arias, así como al ministro de Hacienda, Elian Villegas, un día después de que el Gobierno atribuyera a la Contraloría una interpretación sobre los recursos para la Red de Cuido provenientes del impuesto de renta.
Según la CGR, nunca dijo que los fondos previstos en la Ley 9941 “no están sujetos a la regla fiscal”, mecanismo que le impone un tope al crecimiento del gasto público en tiempos de crisis fiscal.
El pasado 20 de octubre, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que lamentó que los diputados rechazaran aumentar los recursos para la Red de Cuido e insistió en que “una importante cantidad de recursos destinados al PANI están excluidos del tope de dicha regla”.
Zapote alegó que la ley que fijó estos fondos (la 9941) fue aprobada en marzo del 2021, después de la reforma fiscal del 2018 que introdujo la regla fiscal, “según criterio de la Contraloría General de la República”.
Parte del financiamiento de la Red de Cuido proviene de una quinta parte de la transferencia que recibe el PANI del impuesto de renta, la cual equivale a un 5% de la recaudación de este tributo.
La CGR aclaró que, en el oficio del 21 de abril, dijo que le pertenece a la Red de Cuido el superávit libre del PANI acumulado al año 2020, tal como lo definió la Ley 9941 aprobada en 2021, pero nunca se refirió al porcentaje del impuesto específico que financia ese programa social.
“Bajo este orden de ideas, debe entenderse que lo indicado por la Contraloría General de la República en el oficio de marras se circunscribe al caso en particular, a saber, lo correspondiente al uso del superávit del PANI, no así a otra clase de recursos”, sentenció el ente contralor.
La Ley 9941 definió que el superávit libre total acumulado al 2020 del Patronato y el 50% de los sobrantes acumulados a ese mismo año por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) pasarían a a financiar el programa social.
La CGR les subrayó al ministro de Hacienda y a la presidenta del PANI que, en abril, lo que había apuntado era que el superávit libre de la institución al 2020 debe incorporarse al Presupuesto Nacional.
“Por lo tanto, la Contraloría General en esa gestión (de abril) no otorgó autorización alguna para el uso de los citados recursos por concepto de superávit, así como las otras fuentes de financiamiento definidas en el artículo 15 de la Ley 9941″, concluyó la CGR.
La nueva explicación de la CGR se produjo en medio de un pulso del Gobierno con los diputados por dotar de más recursos a la Red, discusión que podría revivirse en el plenario legislativo, en los próximos días, cuando ahí se discuta el presupuesto del año entrante.
El Ejecutivo alegó que debían de salir de la contabilidad del gasto corriente ¢52.839 millones correspondientes a una transferencia para el PANI. El Ejecutivo no pretendía recortar ni aumentar esta partida.
Los ministros de Hacienda y Presidencia, Elian Villegas y Geannina Dinarte, argumentaron que esta transferencia debía quedar fuera del cálculo de la regla fiscal, debido a que fue establecida este año en la ley 9941, la cual fue aprobada después de la reforma fiscal del 2018.
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Alegando que entonces quedaba más espacio para el gasto corriente, el Gobierno solicitó partidas adicionales por ¢90.000 millones.
De ese monto, los diputados solo aprobaron ¢8.000 millones para el mantenimiento de vías y ¢2.900 millones extra para el Poder Judicial, pero rechazaron los restantes ¢80.000 millones, que se desglosaban así: ¢32.160 millones para la Red de Cuido, ¢20.000 millones para pensiones de personas en condiciones de pobreza y ¢27.000 millones para el programa de becas avancemos.
Los legisladores acogieron criterios técnicos que indicaban que los nuevos recursos solicitados por el Ejecutivo, gestionados dentro de un nuevo paquete de ¢90.000 millones, romperían la regla fiscal del próximo año.
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La CGR, por ejemplo, señaló que el gasto presupuestado para el próximo año crecería en 2,8%, por encima del tope del 1,96% definido por la regla fiscal.
El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, por su parte, aclaró que las interpretaciones de ley le corresponde al Congreso y a la Procuraduría General de la República.