La Contraloría General de la República anuló una contratación de servicios de comunicación por ¢150 millones que el Ministerio de la Presidencia le había adjudicado a la empresa de publicidad Bambú Capital.
Así lo determinó luego de que el Ministerio de Comunicación alertara al ente contralor de que, supuestamente, la empresa mintió al afirmar que contaba con un servicio de análisis de audiencias televisivas.
Bambú Capital había resultado ganadora de la licitación que sacó el gobierno el mayo, para recibir apoyo en la difusión de información oficial, con la que esperaba contrarrestar las noticias falsas.
No obstante, en agosto, la ministra de Comunicación Nancy Marín denunció que Bambú Capital mintió cuando declaró, en el concurso, tener acceso al servicio de TV Data de Kantar Ibope Media Costa Rica S. A., el cual se utiliza para conocer audiencias de televisión, costo por punto rating y costo por millar.
El Ejecutivo se enteró de que la compañía en apariencia no podía utilizar la herramienta a través de un documento en el que Carlos Boza, el representante legal de Ibope, declaró que Bambú Capital no era su cliente, por lo cual tampoco tenía acceso a sus servicios.
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Con dicha información en mano, Marín le solicitó a la CGR verificar los hechos antes de dejar en firme la contratación.
Según la resolución dada a conocer por la Contraloría, no se logró acreditar con toda certeza que el Gobierno fuera a tener acceso al servicio de medición de audiencias que Bambú Capital le ofreció.
En su defensa, la compañía insistió en que sí cuenta con el servicio. Y, aunque Casa Presidencial expuso que con la información entregada por la empresa se cumplía con lo requerido por el cartel, no logró identificar “los alcances o restricciones para el buen uso” de las herramientas.
Según la Contraloría, el Ejecutivo no logró acreditar “de forma fehaciente” que Bambú cuenta con la posibilidad de ejecutar las actividades requeridas en el contrato.
La CGR concluyó que Presidencia actuó contradictoriamente, pues defendió su acto de adjudicación, pero concluyó que la empresa no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales sobre las herramientas que se le solicitaron para cumplir con el objeto del contrato.
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“Ese Ministerio (de la Presidencia) dejó de lado su obligación de verificar el cumplimiento de requisitos que parecen trascendentales para el cumplimiento de la contratación y con ello se afecta el motivo mismo del acto final, en el sentido de que se desconoce si la oferta seleccionada efectivamente resulta la más idónea frente a las reglas del concurso y por ende la que mejor satisface el cumplimiento del interés público”, concluyó el ente contralor.
La resolución del ente contralor dispone que el Gobierno deberá hacer un análisis integral de las ofertas que se le presentaron en el concurso, con el fin de definir si procede o no dictar un nuevo acto de adjudicación.
En un comunicado, la jerarca Marín calificó la decisión de la Contraloría como “una oportunidad” para devolverse el proceso de contratación y verificar si las empresas que participaron en el concurso cuentan con las herramientas que requiere Presidencia.