Con una tarjeta de crédito, dependiendo de las condiciones externas, y con la urgencia de un cambio real. Así es como la contralora Marta Acosta describió ayer a los diputados la realidad económica del Estado luego del primer año del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Acosta pidió a los políticos un acuerdo que evite el descalabro de las finanzas públicas, luego de explicarles los principales hallazgos vertidos en la memoria institucional que su despacho envió al Congreso el 1.° de mayo.
En poco más de una hora frente al plenario legislativo, la funcionaria pidió armonizar las dos visiones políticas que, según su criterio, se debaten para tratar de atenuar el déficit fiscal. En el 2014 el faltante cerró en 5,7% del producto interno bruto (PIB), lo cual equivale a cerca de ¢1,5 billones, según su informe.
“La discusión nacional en materia de finanzas públicas desde hace varios años (…) se resume en dos visiones. La de aquellos que consideran indispensable frenar el gasto y detener una serie de prácticas abusivas y nocivas, y por otro, la de quienes subestimando un tanto esta perspectiva, consideran que lo prioritario es atender con premura el asfixiante déficit, por la vía de los ingresos”, resumió Acosta.
“Estas visiones en contradicción no solo no ceden, sino que tampoco están dispuestas a que la otra avance. Salir de esta trampa es fundamental para generar opciones de progreso. A todos nos corresponde aportar y sacrificar, como en la familia, cuando la plata no alcanza y los niveles de deuda son insostenibles”, añadió.
Por ello, urgió armonizar las visiones de quienes piden recortar el gasto y quienes abogan por subir los impuestos.
Las alertas de Acosta llegan en un 2015 con un panorama nada alentador. El déficit del Gobierno alcanzó en el primer cuatrimestre casi ¢534.000 millones.
Contención y reforma. En el Gobierno se insiste en transformar el tributo de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y elevar la tasa del 13% al 15%, con lo que se gravarían todos los servicios, así como hacer reformas al impuesto de la renta.
En el lado de la oposición se exige una disminución drástica en los gastos del Ejecutivo, como señal para dar pie a cambios en las leyes tributarias.
Para Acosta, ni una cosa ni la otra pueden avanzar por su lado, sino que deben ir “de la mano”.
Por una parte, señaló que el cambio en la estructura económica del país, ahora más orientada a los servicios, ha debilitado la recaudación del impuesto de ventas, el que más ingresos genera.
Por otro lado, advirtió de que el gasto público es alto para la situación del país. Adujo que los costos del Gobierno Central, impulsados en especial por los salarios y las transferencias, son el principal generador de déficit y deuda. “Respecto de las remuneraciones, estas tuvieron una ejecución de ¢2 billones, lo que equivale a un 7,4% de la producción nacional estimada para el 2014”, dijo.
También criticó la subejecución de recursos, tanto a nivel de créditos internacionales como de recursos del Gobierno.
En esta línea, alertó de que un aumento en los gastos solo empeoraría la situación fiscal. Señaló que el presupuesto se debe formular de manera equilibrada.
La posición de Acosta surge cuando el Ejecutivo trabaja en la formulación del plan de gastos para el 2016.
Esto, luego de que el presupuesto para el 2015, que está en ejecución, presentó un aumento del 19% con respecto al 2014; es decir, cinco veces la inflación.
Según Acosta, en momentos en que la economía del país vive una desaceleración, sería peligroso aumentar considerablemente el presupuesto.
La contralora no se guardó críticas severas para el sistema de remuneraciones del Gobierno Central. Agregó que la diferencia salarial en puestos similares a causa de beneficios excesivos, golpea las finanzas del Estado.
Llamó a reformar esos pluses abusivos, muchos de los cuales se encuentran en las convenciones colectivas de las entidades.
Además, pidió un ajuste en los regímenes de pensiones, que le cuestan al Gobierno ¢705.000 millones anuales, pero que tienen una fuente de financiamiento por medio de cotizaciones de solo ¢60.000 millones cada año.