La contralora general de la República, Marta Acosta, criticó la intención de transferir un 10% de los ingresos ordinarios del Gobierno a manos de las municipalidades.
Acosta considera que es “desproporcionado” y “poco viable” trasladar competencias y servicios por un monto tan alto a los ayuntamientos, en una economía con problemas de déficit, como es el caso de la costarricense.
“El 10% es muchísimo dinero”, dijo la contralora, al referirse a la cifra que este año alcanzaría los ¢420.000 millones y que se repartiría entre las 81 municipalidades.
La obligación de trasladar esta cantidad de recursos está contenida en una reforma constitucional aprobada por el Congreso en el 2001. A la fecha, no ha sido puesta en práctica, pero este Gobierno planea empezar a cumplirla de manera gradual, con un primer giro de más de ¢60.000 millones.
La funcionaria afirmó que hay “asimetrías” que hacen difícil disponer de esos recursos. La reforma le quitaría al Ejecutivo una cuarta parte de los fondos con los que opera.
Además, afirmó Acosta, las municipalidades “no están preparadas para ejecutar todos esos fondos”.
“Conociendo nosotros a los gobiernos locales como los conocemos, hay unos muy preparados y muchos otros que no”, recalcó Acosta.
No obstante, desde el Congreso y la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), los políticos insisten en impulsar el traslado, sobre todo en un año preelectoral, cuando los compromisos comunales florecen y surgen candidaturas a las alcaldías para los comicios municipales de febrero.
Para cumplir con esta reforma constitucional, en el 2010 los diputados aprobaron una ley marco que establece el procedimiento para trasladar competencias y recursos a los ayuntamientos.
Según la normativa aprobada en ese momento, los recursos se deben trasladar a partir de la aprobación de siete leyes especiales y giros del equivalente a 1,5% cada uno, y que, a la vez, se traspasen funciones del Gobierno a las corporaciones municipales.
Trámite. Los diputados pisan el acelerador para aprobar la primera de estas siete leyes, a través de una reforma a la Ley N.° 8.114, la cual establece el impuesto a los combustibles y distribuye los recursos que se recaudan.
El plan, que se tramita bajo el expediente 18.001, le quitaría a Hacienda un 15% del dinero recaudado mediante ese tributo para pasárselo a los municipios.
Esta iniciativa ya superó su discusión en la Comisión legislativa de Asuntos Municipales, y ahora va para el plenario.
Con los recursos, los ayuntamientos tendrían la responsabilidad de dar mantenimiento total a la red vial cantonal, aunque esa es una función que ya tienen.
La propuesta es bien vista por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien afirma que las municipalidades deben tener más responsabilidades de desarrollo local.
La contralora Acosta declaró que este primer proyecto no es “tan mal visto”, pero considera que no hay capacidad de ejecución en los municipios para aumentar funciones hasta recibir el 10% de ingresos del Gobierno.
En el 2014, los 81 gobiernos locales recibieron ¢60.000 millones de Hacienda para arreglo de vías cantonales y obras comunales.
Sin embargo, no usaron el 40% del dinero; es decir, ¢24.000 millones, según la Memoria anual del 2014 de la Contraloría General de la República.
El primer proyecto, que traspasaría ¢60.000 millones, es impulsado también por la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, aunque Hacienda tiene sus reservas sobre el plan.
Por ahora, Sánchez dice no tener claridad acerca de la fuente de los recursos ni qué competencias se escogerían para completar el 10% de transferencias a las municipalidades.