El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó, el miércoles 13 de setiembre, establecer una medida cautelar sobre el terreno del Liceo de Costa Rica en el cual se pretende levantar parte del proyecto Ciudad Gobierno.
La medida se toma como parte de una demanda presentada por Fernando Orozco, presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo, y Francis Tejeda, egresado del centro educativo, contra el Estado, la Junta Administrativa del colegio y la Municipalidad de San José.
Ellos solicitaron la detención de las obras de Ciudad Gobierno, al considerar que el Ministerio de Educación Pública (MEP), “basándose en un reglamento y presionando a la Junta de Educación, se adueñó de una propiedad de ese Liceo”.
Los demandantes exigieron que se declare la nulidad absoluta del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito por el MEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Junta Administrativa del colegio, el 9 de junio.
Ante una solicitud planteada el 6 de julio, la jueza Godelieve López Salas ordenó la medida cautelar conocida como “anotación de demanda al margen del asiento registral” de la finca. La decisión se justifica en el artículo 87 del Código Procesal Civil y el 468 del Código Civil.
Mientras exista una anotación sobre la propiedad, no puede realizarse un traspaso.
El terreno se daba en alquiler al MOPT para albergar sus talleres. Por ese arrendamiento, el Liceo de Costa Rica obtenía ¢16 millones mensuales que le permitían pagar servicios.
“Esa propiedad fue donada a este colegio mediante una ley, para ampliar sus instalaciones, por lo que a su entender no se puede traspasar mediante un reglamento que tiene un rango inferior, según la ley”, indica la demanda.
Fernando Orozco y Francis Tejeda también presentaron en agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual se encuentra en proceso de revisión.
Según Tejeda, no impedirán el progreso con Ciudad Gobierno, pero tampoco que despojen al centro educativo de un terreno de su propiedad.
“Lo que no es de recibo es que no le den al Liceo su condición de propietario y pretendan despojar una propiedad vía reglamento, la cual fue otorgada al Liceo por Ley”, manifestó el egresado.
El amparo detalla que el valor del inmueble asciende a ¢4.000 millones, dinero que sería de provecho para el colegio.
“Podría emprender muchos proyectos en beneficio de estudiantes, en su mayoría población marginal, que podrían ver ensanchados sus sueños y proyectos con las mejoras tecnológicas e infraestructurales que se le podrían dar al Liceo”, indicaron entre sus alegatos.
El acuerdo firmado entre el MEP y la Junta Administrativa del colegio estuvo precedido por denuncias realizadas por un miembro de la Junta y varios egresados del centro educativo, sobre supuestas presiones y chantajes por parte del Poder Ejecutivo para hacerse con ese lote.
Según Rodrigo Soto, integrante de la Junta, el MEP amenazó con no cubrir los gastos del Liceo, como servicios públicos, conserjes y cocineras, si no se suscribía el convenio. Al mismo tiempo, dijo Soto, les indicaron que, de no ceder el inmueble, el MOPT dejaría de alquilar el sitio.