El allanamiento de una clínica para realizar abortos en Calle Fallas de Desamparados, el 22 de octubre, removió las fibras de los diputados, unos para regular esta actividad y otros para penalizarla con fuerza.
La discusión sobre el aborto y su marco legal parecía dormida en los archivos de la Asamblea Legislativa, hasta que la noticia del cierre de ese lugar recordó a los legisladores que tienen un expediente haciendo fila para discutir si se reglamenta o no la práctica médica que está permitida por ley en el país.
Dicha regulación se encuentra en el artículo 121 del Código Penal, según el cual “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Sin embargo, esta actividad no se realiza de forma legal, en vista de que los médicos se niegan alegando de que no hay una debida reglamentación.
Un plan. De ahí que el plan de ley 16.887 es clave en la discusión, pues señala la reglamentación tanto del aborto terapéutico, como del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida como “píldora del día después”.
El plan había tenido avances al principio de este Gobierno; sin embargo, los bloqueos planteados por congresistas cristianos y católicos paralizó el trámite del proyecto, presentado desde el 2009 por diputados de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio.
La caída de la clínica abortiva, la semana pasada, puso en alerta a los parlamentarios, tanto a favor como en contra de la técnica.
Así lo señalaron las diputadas Maureen Clarke, del PLN, y Patricia Mora, del FA, quien defendió el derecho de las mujeres a velar por su salud reproductiva.
“No quiere decir que yo no crea en Dios y que no tenga religión, pero cuando usted mezcla religión y política, es ahí donde vienen los enredos”, dijo Clarke.
La referencia de la legisladora es en función de las declaraciones de su colega de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, esta semana, quien anunció que ante la revelación de la aprehensión de los funcionarios de la clínica de abortos, anunció un proyecto con penas más fuertes para quienes realicen esta práctica.