La Embajada de China acusó al Gobierno de Costa Rica de poner en riesgo futuras inversiones de empresas de su país, así como de debilitar la relación bilateral entre ambas naciones.
Así reaccionó la delegación china en San José luego que el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas, dijo que China tiene un Estado totalitario que habilita a sus compañías a realizar espionaje en otros países, mientras que la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Bogantes, manifestó que el gigante asiático no se compromete a perseguir ciberdelincuentes.
“Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica, y socavan el buen ímpetu del desarrollo de las relaciones bilaterales”, contestó la Embajada de China en San José, mediante un comunicado.
La misión diplomática también manifestó su energética y vehemente oposición a las “acusaciones irresponsables e infundadas”, que, en su criterio, emitieron los “altos funcionarios del Gobierno de Costa Rica”, Paola Bogantes y Hubert Vargas, ministra y viceministro del Micitt.
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A su vez, la delegación china señaló a Costa Rica como su único socio estratégico en Centroamérica y resaltó el importante rol que tiene China en la balanza comercial costarricense, como el segundo socio comercial del país.
De igual forma, la Embajada recordó proyectos de cooperación como el Estadio Nacional, al tiempo que manifestó que están “impulsando y abordando muchos otros”.
Las declaraciones
Los funcionarios del Gobierno costarricense asistieron el 11 de octubre a la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, para responder cuestionamientos de diputados sobre la exclusión de las empresas chinas como proveedoras de redes y soluciones 5G.
Durante su participación en el foro parlamentario, Vargas argumentó que la normativa interna de China habilita a sus compañías a realizar acciones de espionaje, como apoyo a los servicios de inteligencia del Gobierno.
Por su parte, Bogantes dijo que, a los ojos del gobierno de Costa Rica, el gigante asiático constituye un mayor riesgo -en materia de seguridad nacional- por no estar adherido al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001.
La ministra también cuestionó el historial de inversiones de China en Costa Rica, desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre ambos países, en el 2011.
Dijo que podía contar con la mano las inversiones chinas en suelo costarricense y dijo que la construcción de la ruta 32 es una excepción al reconocimiento mundial de China como hábil desarrollador de infraestructura.
China cuestiona uso de Convenio
Costa Rica emitió en agosto un reglamento que impide la compra de equipos o programas 5G a empresas que provengan de naciones no firmantes del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest (Hungría), del cual China no forma parte.
La legación china cuestionó el uso de este instrumento en la normativa costarricense, por considerar que se trata de un convenio sobre la cooperación judicial en materia penal, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de cooperación internacional para combatir la delincuencia, por lo que estima que no guarda relación con aspectos de ciberseguridad.
“No aborda la cuestión de ciberseguridad, ni establece las presuntas normas de ciberseguridad. Cuesta entender que Costa Rica haya alegado este Convenio para regular el origen de los proveedores de 5G”, añade.
Las autoridades diplomáticas chinas dijeron que su país impulsa la construcción de la democracia, “de acuerdo con nuestras propias condiciones nacionales” y que apoya los esfuerzos de Costa Rica para salvaguardar la ciberseguridad.
“Siendo China otra víctima azotada de los ciberataques, las escuchas telefónicas y la vigilancia, rechazamos categóricamente y combatimos según la ley toda forma de ciberdelincuencia, y salvaguardamos firmemente la ciberseguridad”, expresó la Embajada.