El magistrado Celso Gamboa, actualmente suspendido de su cargo, le exigió este martes a los diputados no interferir en la causa que la Fiscalía General de la República sigue en su contra por presunto tráfico de influencias.
El alto juez penal acudió al plenario para ejercer su defensa durante la sesión que, una vez finalizada, permitirá a los diputados votar si le levantan o no la inmunidad, tal y como lo solicitó la Corte Suprema de Justicia, esto con el fin de que afronte la acusación por presunto tráfico de influencias que presentó en su contra la Fiscalía.
La sesión inició a las 3 p. m. con el ingreso de Gamboa y la lectura del informe que preparó la comisión legislativa que revisó la solicitud de los magistrados, en el cual, por unanimidad, se recomendó levantar la inmunidad.
De frente a los congresistas, Gamboa dijo que no iba a pedir "clemencia ni indulgencia", sino a exigir que se respete su derecho a enfrentar un juicio justo. Tal garantía, alegó el magistrado suspendido, ha sido lesionada por varios diputados que han adelantado criterio sobre sus actuaciones.
"Estas situaciones me han preocupado, y me ha preocupado la injerencia de algunas y algunos diputados dentro de los procesos que se siguen y ahí he señalado que hay hechos que tienen connotación política, que están afectando directamente las causas en las cuales se investiga a Celso Gamboa", expresó.
El magistrado finalizó su intervención y alrededor de las 4:20 p. m. se retiró.
Hacia las 7 p. m., cuando los legisladores llevaban más de dos horas de discusión, el debate se centró en el tipo de votación que debía emplearse: pública o privada. Sin embargo, a las 9 p. m. aún había congresistas esperando para hacer uso de la palabra, por lo que se decidió levantar la sesión, la cual seguirá este miércoles.
Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana, y Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), señalaron que el artículo 104 del Reglamento Legislativo impide que una votación para el levantamiento de fueros de protección se haga pública y que, insistir en hacerlo, podría llevar a que el resultado presente vicios.
A esa postura se sumaron Luis Vásquez, también de la Unidad, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Horas antes, Edgardo Araya, del Frente Amplio, había pedido que el voto fuera público. Tuvo el apoyo del socialcristiano Rafael Ortiz, quien incluso abogó para que en un futuro no se permitan más votaciones secretas en el Congreso.
“Yo le recomendaría a la bancada que se reformen estos reglamentos, para que prácticamente no exista en esta Asamblea Legislativa ninguna posibilidad de que un voto sea secreto. Si así fue en el pasado, eso debe cambiar, y así cada diputado que tenga que tomar una decisión, que tenga que darle la cara al pueblo de Costa Rica”, manifestó Ortiz.
Defensa
Durante su intervención, Gamboa insistio en que miembros del Congreso han hecho “adelantamientos de criterio” que atentan contra el debido proceso de su caso, y los llamó a evitar manifestarse sobre su caso mientras el mismo se resuelve.
“Pidan cuentas a nivel político cuando quieran, pero no pidan determinadas sentencias en favor y no exijan a los tribunales de justicia las condenas de x o y personas, respeten a la democracia más sólida del país”, anadió.
Gamboa dijo que diputados como Patricia Mora (Frente Amplio), Ottón Solís (Acción Ciudadana) y el propio Araya, han hecho manifestaciones que han causado "presión" en el Poder Judicial para que se acelere el conocimiento de las causas penales en las que él figura como implicado.
Además, antes de retirarse, el magistrado penal suspendido le pidió a los diputados que le permitan enfrentarse a la fiscala general interina Emilia Navas.
“En caso de que ustedes me permitan enfrentar en un tribunal de justicia a Emilia Navas Aparicio, le voy a demostrar a cualquier tribunal que ni Johnny Araya ni Celso Gamboa son traficantes de influencias, y que esta acusación carece de todo tipo de sustento”, expresó.
Antecedentes
El trámite de este caso inició el pasado 26 de enero, cuando la Fiscalía presentó una acusación contra Gamboa por, supuestamente, haber facilitado que el nombre de Johnny Araya, alcalde de San José, se eliminara de un expediente judicial en el que se le investigaba, previo a las elecciones municipales del 2016.
Ante esa acción de la Fiscalía, el 5 de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de pedirle a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del magistrado suspendido, para juzgarlo penalmente por el delito de tráfico de influencias.
Cuando la solicitud ingresó al Congreso, se designó a una comisión su estudio, la cual estuvo integrada por Edgardo Araya, del Frente Amplio; Marvin Atencio, del PAC y Juan Luis Jiménez, de Liberación Nacional; quienes finalmente recomendaron que se procediera a levantar la inmunidad de Gamboa.
Como descargo ante ese foro, el magistrado alegó que la causa en su contra constituía una persecución política. No obstante, los legisladores concluyeron que Gamboa no brindó elementos que probaran esa tesis y la rechazaron.
Además, afirmaron que existe “seriedad y apariencia de buen derecho” en la acusación de la Fiscalía General.
También está por ingresar al Congreso la solicitud que hizo el viernes pasado la Corte Suprema a la Asamblea Legislativa de revocar el nombramiento de Gamboa, esto luego de que se determinara que el magistrado incurrió en ”faltas gravísimas” en el ejercicio de su cargo.
Veinte magistrados llegaron a esa conclusión tras conocer el resultado de una investigación sobre las circunstancias que rodearon un viaje de Gamboa a Panamá, en octubre del 2016, junto con el cuestionado importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, actualmente en prisión preventinva.