Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró en la Asamblea Legislativa que producto del hackeo sufrido por la institución el año pasado, se perdió información relevante para elaborar un estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Aunque no detalló el tipo de información extraviada y tampoco si se podría recuperar, la jerarca sostuvo que la falta de esos datos impide tomar decisiones sobre ese régimen de pensiones.
“Por eso es que estamos solicitando al Banco Mundial que nos colabore en ese estudio actuarial que es fundamental para la toma de decisiones”, comunicó Esquivel a los congresistas de la comisión legislativa de Asuntos Sociales.
A la falta del estudio actuarial para saber el estado del IVM, la jerarca sumó otra problemática: el manejo de los riesgos de las inversiones de ese régimen, pues considera que es un “tema complicado”.
Sobre ese segundo tema, anunció que una operadora de pensiones complementarias —cuyo nombre no reveló—, se ofreció a manejar las inversiones del IVM. “Ellos tienen un músculo más fuerte en el sentido de manejo de riesgos (...). Estamos analizándolo”, enfatizó.
La Nación le envió a Esquivel, el viernes pasado, una serie de preguntas para que ampliara sobre la pérdida de información; sin embargo, se encontraba de gira en Limón.
¿Por qué es importante el estudio actuarial? Porque permite conocer, en este caso, el estado del régimen de pensiones de la Caja, que cobija a la mayoría de la población.
Durante su desarrollo se analizan varios aspectos, como la demografía para saber cómo envejece la población y las obligaciones del fondo de pensiones; el económico-laboral para conocer la evolución de los ingresos; y el financiero que ve la probable acumulación de reservas y los ingresos generados por esta, según explicó Álvaro Ramos, expresidente de la CCSS.
El último estudio de este tipo se realizó en 2018 y se publicó al año siguiente. Este arrojó que el sistema de pensiones más importante de Costa Rica comenzaría a enfrentar los primeros problemas de solvencia a partir del 2021. Luego se vino la pandemia en 2020, lo que habría agravado la situación.
El análisis detalló que para el 2021 la cotización de 1,7 millones de trabajadores, 88.000 patronos y el Estado sería insuficiente para pagar las pensiones de 281.000 personas y, en ende, sería necesario comenzar a usar los intereses de la reserva.
Al tiempo que concluyó que para el 2030 la reserva comenzará a reducirse y ya en el 2037 se agotará.
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Álvaro Ramos niega pérdida de información
Consultado sobre la pérdida información durante el tiempo en que él dirigió la CCSS, Álvaro Ramos dijo no recordar que se le comunicara “que se había perdido información relevante para realizar el estudio”.
Ramos estuvo al frente de esa institución entre mayo y setiembre del año, cuando el presidente Rodrigo Chaves lo destituyó por un desacuerdo en cuanto al aumento salarial retroactivo aprobado, por los directores de la Caja, para los 63.000 empleados de la seguridad social.
“Muchas cosas se atrasaron porque hubo momentos en que no podíamos acceder a ciertos sistemas, mientras garantizábamos que no estuvieran contaminados, pero pérdidas definitivas de información no hubo, con poquísimas excepciones como información local de bases de datos de recetas a pacientes que no sería relevante para el IVM”, enfatizó Ramos.
Y recordó que el hackeo que sufrió la Caja, en mayo del 2022, implicó apagar todos los sistemas de la institución incluso el de correo electrónico.
“La CCSS trabajó a puro papel una quincena, el 18 de junio se levantaron Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación) y la Oficina Virtual de la CCSS; el Sistema de Presupuesto se levantó el 23 de junio; el EDUS (Expediente Digital Único en Salud) el 30 de junio; y el Sistema de Pensiones, web pensiones, el 18 de julio.
“Según mis registros, cuando me fui, a mediados de setiembre, ya habíamos levantado 77 sistemas, pero eso es distinto a decir que se perdieron datos de manera irrecuperable. Hay datos que se acumularon en papel y deben ser registrados.
“Supondría que la mayoría ya se hizo, pero recuerde que no estoy en la Caja desde setiembre. Es tedioso, se atrasan las cosas, sí. Difícil evitarlo con un ciberataque de esa magnitud, pero todo se podrá hacer. Ciertamente el estudio actuarial sí se puede hacer”, refutó Ramos.
En cuanto a los estudios sobre los riesgos de las inversiones de los recursos del IVM, el exjerarca —quien también fue superintendente de Pensiones—, aseguró que son parte operativa de cualquier fondo de inversión o de pensiones y que se pueden realizar sin necesidad de un informe actuarial.
Por ejemplo, el riesgo de impago de un bono de deuda pública adquirido por ese régimen, ya que se basa en la calificación de riesgo del gobierno, y en el riesgo del mercado en general, que se relaciona con la evolución futura y un posible impacto en su valor.
”Ese tipo de análisis puede ser cada vez más sofisticado. Por citar un caso, si un fondo de inversión decide comprar instrumentos más complejos, como derivados o vehículos especiales de inversión, que podrían estar apalancados”, explicó Ramos.
Las inversiones del IVM, al tercer trimestre del 2022, ascendían a ¢246,3 millones en su valor transado, según datos oficiales de la CCSS.