La Casa Presidencial dijo estar anuente a colaborar con las autoridades judiciales en la investigación sobre aparente corrupción en contratos de obra vial, la cual incluyó 57 allanamientos este lunes.
Así lo informó Zapote la mañana de este lunes, luego de que Casa Presidencial allanada por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la operación.
En Presidencia, las autoridades llegaron a la oficina de Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, asesor del presidente Carlos Alvarado.
“Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación.
“Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas.
“En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”, reza un comunicado de prensa.
Esa es una primera reacción oficial divulgada por Presidencia a las 8:47 a .m., sobre el operativo.
El allanamiento judicial en busca de evidencias duró un poco más de cuatro horas y media, indicó un segundo comunicado de Presidencia. Este inició a las 7:08 a.m. y terminó a las 11:45 a.m.
“Se concentró en la oficina de un asesor presidencial, de apellido Saldarriaga Jiménez, que por la naturaleza de sus funciones ha atendido temas de infraestructura y hacendarios, y también efectuaron los respaldos informáticos que estimaron pertinentes”, agregó la Presidencia.
En esta segunda reacción, enviado a las 12:47 p.m., Zapote reiteró su compromiso se colaborar con la investigación.
“Reiteramos nuestra convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas, por lo que cualquier denuncia de corrupción debe ser investigada y sancionada con apego al Estado de Derecho que nos rige”, agregó.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, no se ha referido al caso. Su oficina de comunicación informó que este lunes mantiene “agenda de despacho”.
De acuerdo con el director del OIJ, Walter Espinoza, se investiga un aparente caso corrupción indagado desde el año 2019 en conjunto con la sección de Anticorrupción del Ministerio Público, tras recibir información confidencial.
En esos dos años, según dijo el jerarca, conocieron cómo supuestamente funcionarios públicos se habían puesto de acuerdo con empresarios para favorecer empresas constructoras en temas “que se relaciona” con “conservación vial, obra pública, por cuanto tiene que ver con carreteras, chapeo, descuaje, cuestiones de esa naturaleza”.
“Los funcionarios públicos, esencialmente, lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo, que respondían a una articulación planificada desde el punto de vista delictivo por parte de ellos y que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para efectos de que alguna empresa pudiera verse beneficiada”, aseguró Espinoza.
El operativo cuenta con la participación de entre 600 y 700 funcionarios del OIJ, añadió Espinoza.
El Organismo informó de la captura de 29 personas, entre funcionarios y particulares.
Entre los particulares detenidos figuran los empresarios de las constructoras Meco y H. Solís, Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente.