Fernando Rodríguez dedicó la mayor parte de las líneas de su carta de renuncia al Ministerio de Hacienda a insistir en que el país enfrentará un escenario de "crisis" si no se aprueban nuevos impuestos.
El exviceministro de Ingresos, a quien la Fiscalía investiga por un presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino, dejó su cargo este viernes. Renunció para "dedicarse a la defensa de su caso", según le informó a Luis Guillermo Solís, presidente de la República y a Helio Fallas, ministro de Hacienda, en la carta de dimisión.
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No obstante, más que a explicar las circunstancias de su salida, el funcionario dedicó ese documento a pedirle al Gobierno que insista en aprobar una reforma fiscal.
"La reforma tributaria sigue siendo una gran tarea pendiente de la política fiscal nacional, su postergación solo podrá asegurar un escenario de crisis futura, que ninguna otra acción podrá contener satisfactoriamente, ni un recorte de gasto de gran magnitud", manifestó el funcionario.
En opinión de quien es conocido en la Asamblea Legislativa como "el viceministro de los impuestos", queda pendiente que "todos los actores posibles entiendan que algo así es necesario y que los impuestos deben verse como un medio de construcción de una sociedad, más que como un costo o un obstáculo".
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"Mientras tanto, los frutos de la lucha por cobrar mejor los impuestos, producto de los esfuerzos alcanzados recientemente, nos dejan como tarea continuar con la implementación del Registro de Beneficiarios Finales y el proceso de implementación de la factura electrónica", manifestó el funcionario.
El Gobierno anunció la renuncia de Rodríguez el jueves de la semana pasada, pocas horas después de que se revelara que el funcionario había sido convocado a declarar por la Fiscalía General de la República el mismo día en que sus oficinas y su vivienda fueron allanados.
Al exviceministro se le indaga por su participación en el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento del polémico importador Juan Carlos Bolaños, que tenían problemas para ingresar al país.
Rodríguez se puso en contacto con el exministro de Aduanas, Benito Coghi, para saber qué pasaba con el cargamento. “Hagamos un esfuerzo para que esto salga el martes, el Big Chief está a la espera de que se aclare el tema”, escribió Rodríguez en un correo electrónico, el 23 de julio del 2016, en alusión al presidente Solís.
La pesquisa en contra del funcionario se sigue en el expediente 17-00032-0621-PE.
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Rodríguez fue el gestor de la reforma fiscal que el Ejecutivo impulsa en el Congreso, la cual convertiría el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA). El cambio implicaría gravar casi la totalidad de bienes y servicios, la mayor parte con una tasa del 13% y otros con un 4%.
Con esa propuesta, el Gobierno pretende paliar el alto déficit en las finanzas públicas, el cual alcanza un 6,1%, según las proyecciones del Banco Central. Para el 2018, se estima que alcance el 6,6%.
Los ingresos que generan los impuestos alcanzan cada vez menos para que el Gobierno les haga frente a sus compromisos. Mientras que en el 2008 con los impuestos cobrados a los contribuyentes se podía pagar el 70% de los gastos, diez años después los tributos cubren solo un 50%.
No obstante, la oposición le resintió al gobierno de Solís no haber lanzado una propuesta más agresiva para la reducción del gasto público, sobre para poner orden el empleo público, en donde numerosos incentivos representan una enorme parte del costo en remuneraciones.
En tanto, Rodríguez escribió al renunciar: "Agradezco también el apoyo brindado en momentos complejos de la construcción de la política fiscal, cuando algunos sectores reaccionaron de forma difícil ante los cambios propuestos. Fue una señal clara de que los aspectos políticos de la política fiscal siguen siendo un elemento de peso y un obstáculo por salvar si se quiere avanzar en una mejor fiscalidad".
El Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas experimentó uno de los cambios más significativos de su proceso de construcción cuando el Gobierno accedió a pedir un IVA de 13%, en vez del 15% que había propuesto inicialmente, cuando fue evidente que con un porcentaje superior era imposible lograr la aprobación del plan en el Congreso.
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Hacia el final de su gestión, el funcionario se convirtió en un obstáculo más para el avance del plan fiscal del Gobierno en la Asamblea Legislativa, pues diputados del PLN, el PUSC, el Frente Amplio y Alianza Demócrata Cristiana cuestionaran que siguiera en las negociaciones, dados sus vínculos con el caso del cemento.
Pese a ello, el presidente Luis Guillermo Solís lo respaldó y se negó a pedirle la renuncia. Fue el propio Rodríguez quien el jueves pasado tomó la decisión de separarse de su cargo, según él, porque se dio cuenta de que "ese era el momento para irse".
"Me voy con la conciencia tranquila por el trabajo realizado, fue hecho con ahínco pensando en el país", dice el párrafo final de la carta de renuncia del viceministro.