El presidente Carlos Alvarado propuso este viernes cobrar un impuesto solidario a los salarios y pensiones superiores a ¢1 millón, de manera temporal, como una de las fuentes de financiamiento para otorgar subsidios a las personas afectadas económicamente por la emergencia del coronavirus.
Con esa medida, la intención es recaudar ¢24.000 millones mensuales para ayudar a quienes se vean golpeados por la suspensión de contratos de trabajo o la reducción de jornadas laborales, producto de la urgencia generada por la pandemia.
El gobierno no precisó el porcentaje de impuesto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda puso los siguientes ejemplos: quien gane ¢1,1 millones aportará ¢10.000 (0,9%); ¢1,5 millones, ¢50.000 (3,3%) y quien perciba ¢2 millones, contribuirá con ¢100.000 (5%).
El jueves, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que el tributo sería progresivo, es decir, a mayor monto, mayor porcentaje de cobro.
Además, afirmó que el gravamen se cobraría sobre las rentas de capital, aspecto al que el Poder Ejecutivo no mencionó este viernes.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que el “aporte solidario” podría recaudar ¢186.000 millones en ocho meses, entre abril y diciembre.
Esa cantidad de dinero alcanzaría para otorgar poco más de 116.000 subsidios de ¢200.000 mensuales a familias afectadas.
Para poner en práctica esa medida se requiere un proyecto de ley y la aprobación de los diputados.
Hasta ahora, “solo en el sector turismo hay más de 200.000 personas afectadas", informó el gobierno mientras el cierre de 8.000 restaurantes por la caída en ventas dejó sin trabajo a 109.000 personas.
En primera instancia, el gobierno anunció que presentará a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones con el cual pretende otorgar subsidios de ¢200.000 mensuales, por tres meses, a 375.000 familias.
Este plan se nutrirá con un recorte de gasto (no se especificó en dónde) por ¢100.000 millones en el Presupuesto de la República.
También se alimentará con el precio de los combustibles. La idea es mantener los precios actuales, que tienden a la baja en el mercado internacional por el efecto del virus, y tomar la diferencia para los trabajadores en crisis. Eso lo deben aprobar los diputados.
“Tendremos una fijación del precio de los combustibles, que se ha dialogado con los diputados y las diputadas, y hay un consenso, que como ha habido una reducción de ese precio, lo que buscaremos es que haya una fijación de tarifa y que ese excedente lo podamos dar, solidariamente, a las familias que lo necesiten en ese periodo”, afirmó el mandatario.
El “aporte solidario” a los salarios y pensiones se planea para una segunda etapa en caso de que las necesidades aumenten. Las familias en desempleo o ingresos reducidos podrían subir a más de 600.000, estimó el gobierno.
Alvarado explicó la propuesta del “aporte solidario” después de que el jueves el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijera que el gobierno impulsaría un proyecto de ley para cobrar un impuesto a los salarios superiores a los ¢500.000, lo que luego fue negado por el mandatario.
“Esto fue comunicado de una manera que no fue la mejor y generó mucha incertidumbre. Por eso, yo instruí que no se avanzara con una propuesta que se tenía de poner el tope en los ¢500.000, como lo anuncié este jueves”, dijo Alvarado.