El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este martes la Ley Marco de Empleo Público, después de tres años de trámite en la Asamblea Legislativa. El proyecto fue aprobado el lunes en segundo debate con 39 votos.
En el mismo acto, en Casa Presidencial, el Gobierno anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ayudarán en el proceso de implementación de la ley.
La reforma, que es parte del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI), introduce el salario global en el sector público, en lugar de la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Así, se debe definir una remuneración para cada puesto en el Estado, sin necesidad de incentivos.
Esta modificación en la relación laboral con los empleados públicos le permitirá al Estado ahorrar un promedio de ¢394.000 millones por año.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, anunció que, con la colaboración de expertos del BID y de OCDE, se inició este mismo martes un trabajo de implementación “que nos llevará avanzar tanto como sea posible en la valoración de los puestos de trabajo, la escala salarial única y el reglamento de la ley que debe estar finalizada en marzo de 2023, trabajo que debe concluir la próxima administración”.
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“Todas las instituciones tienen las puertas abiertas para trabajar en ese esfuerzo común de llevar igualdad y justicia en el sector público”, dijo Garrido.
Alvarado: Desde 1980 se produjo un desorden
El presidente Alvarado declaró: “El empleo público brinda servicios a todas y todos. En educación, salud, seguridad, agricultura… el empleo público compete a todos los que habitamos la casa. Nos tiene que importar a todas y todos porque todos lo pagamos.
“El empleo público debe tener una característica fundamental y es que sea justo.
“No obstante, lo que ocurrió en Costa Rica desde 1980 es un desorden de la propia estructuración del empleo público, porque muchas veces cada institución podía definir sus remuneraciones, sus pluses… y eso empezó a generar injusticia, porque dos personas haciendo el mismo trabajo no necesariamente ganaban lo mismo, siendo ambos servidores públicos; injusticia porque no necesariamente estaba en función del servicio que se le daba a la gente.
“El que no existiera una ley marco de empleo público contribuyó a esto, generó desigualdad entre empleados públicos, desigualdad con las personas del sector privado, en algo que es de todas y todos, porque todos los pagamos.
“Ese desbalance ya no solo tenía una condición de injusticia sino de riesgo y desequilibrio”.
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Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, agregó: “Han sido muchos meses, en realidad años, en los que trabajamos de la mano con la Asamblea Legislativa. Confluyeron las convicciones de las fracciones por lograr un proyecto de ley. Este país nos pidió cambios importantes y hemos procurado dar respuesta a esas expectativas. El país nos ha pedido orden y hemos creído que el orden se tiene que alcanzar, precisamente en un espacio fundamental que es el empleo público. Es justicia, es equidad y creo que una buena parte del país debe verlo así.
“Pudimos haber sido más ambiciosos, pero tenemos que entender que hay un espacio de viabilidad política. Sabemos que aún prevalecían posiciones no conciliables en la Asamblea Legislativa y sabemos que hay parte del sector público que todavía tiene incertidumbre sobre la misma”.