El presidente de la República, Carlos Alvarado, descartó este viernes impulsar una nueva prórroga para los servicios de turismo en el pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Tras una moratoria de un año, dichos servicios comenzaron a pagar, a partir del jueves 1.° de julio, una tasa del 4% que aumentará en forma gradual hasta alcanzar el 13% en el 2023.
Entre estos figuran actividades como los tours y el canopy. El hospedaje y alimentación ya pagan el 13% desde la entrada en vigencia de la reforma fiscal del 2018.
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“El sector turismo se va a recuperar no por otra moratoria en el tema del IVA que no es, digamos, estadísticamente significativa.
“El sector se va a recuperar en la medida que tengamos negocios, turistas y gente trabajando”, dijo en una visita a la Escuela Enrique Riba Morella, en San Isidro de Alajuela.
Alvarado alegó que una prórroga, en efecto, podría aliviar la situación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pero insistió en que la solución es que vengan turistas al país.
En esa línea, mencionó tres acciones que su gobierno impulsa a través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para promover la visitación.
Señaló que la primera de las acciones fue habilitar la llegada de cruceros en Limón y Puntarenas, lo cual ocurrirá a partir del 1.° de setiembre próximo.
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También mencionó la eventual eliminación del requisito de seguro para viajeros que ingresan al país, siempre que vengan vacunados; y, finalmente, continuar con el esfuerzo de acelerar la vacunación contra la covid-19.
Para el mandatario, con esas acciones se ayudaría a resolver de fondo el problema del sector que se desplomó en 2020 debido a la emergencia sanitaria.
“Esos son los elementos centrales que le van a dar vuelta a este sector. Y en eso es lo que estamos primero enfocados”, finalizó.
Días atrás, los ministros de Hacienda y Turismo, Elian Villegas y Gustavo Segura, anunciaron que el Gobierno apoyaría una campaña internacional para atraer visitantes.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el año anterior, el sector sufrió pérdidas por al menos $3.000 millones, lo que afectó el empleo de una 55.000 personas.
Esos efectos son tomados como insumo por 12 legisladores de diferentes bancadas, que impulsan una nueva moratoria.
El texto, propuesto por la legisladora independiente Ivonne Acuña, pretende ampliar la moratoria del cobro por tres años más, aunque evalúan bajar el tiempo a uno o dos años.