Cuatro de los cinco candidatos presidenciales con mayor posibilidad de ganar las elecciones, coinciden en que la educación debe centrarse en dar herramientas para conseguir mejores trabajos.
La propuesta responde al eje de la campaña de los principales partidos: trabajo y educación.
Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Guillermo Solís, de Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio, se vieron las caras en un debate sobre educación, el miércoles, en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.
A la actividad faltó el aspirante por el Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, quien estaba de gira por México.
El debate lo organizó el Consejo Nacional de Rectores (Conare), con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
¿Cómo lograrlo? Los aspirantes presidenciales coincidieron en que el próximo Gobierno debe garantizar el giro del 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, lo que equivale a ¢1,9 billones.
Una reforma constitucional del 2011 obliga al Estado a invertir esta cantidad en educación; sin embargo, el Ministerio de Hacienda argumenta que el Estado no dispone del total de recursos exigidos. Este año se presupuestó un 7,2% del PIB.
Aun así, todos los candidatos afirmaron que en un eventual gobierno harán efectiva esa norma.
Eso sí, los aspirantes no detallaron cómo ejecutarían tal cifra ni cómo lograrían dotar de esos recursos al Ministerio de Hacienda.
A criterio del jerarca de Hacienda, Édgar Ayales, para destinar el 8% del PIB a la educación pública, se necesitan más impuestos.
Los aspirantes presidenciales hicieron más observaciones de forma que de fondo sobre el problema. A criterio de Guevara, “un estudiante que no se gradúa es un estudiante que pierde oportunidades”.
Otras ideas. Guevara dijo que los planes de estudio deben facilitar la inserción al mercado laboral.
El criterio del libertario se da en un momento difícil para los estudiantes. En el 2011 solo un 35% logró completar la educación secundaria, de acuerdo con el último Informe del Estado de la Educación .
Por su parte, el socialcristiano Rodolfo Piza sostuvo que los centros educativos deben dedicarse a algunas especialidades que los caractericen en distintas áreas.
Luis Guillermo Solís, del PAC, apuesta por una educación inclusiva, que permita acceder a trabajos de calidad, sin importar las circunstancias de los estudiantes.
“Quisiera en el 2018 (cuando acaba el próximo gobierno) ver a muchachas embarazadas que puedan entrar al mercado laboral”, dijo el candidato.
En tanto, el aspirante del Frente Amplio, José María Villalta, apostó por “democratizar las juntas de educación” y propiciar más participación de los padres de familia para evitar la deserción.
En cuanto a las carreras profesionales, dijo que las universidades públicas deben aumentar la matrícula y garantizar el acceso a sus centros a las poblaciones de menos recursos económicos.
Los criterios exteriorizados por los políticos coinciden con las preocupaciones del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Sonia Marta Mora, quien es presidenta del Sinaes, afirmó que la oferta de las carreras debe tener programas de estudio “muy flexibles”, que permitan una entrada más efectiva de los estudiantes al mercado laboral.
“En cuanto a las prioridades, una de las principales, es lograr que el acceso a educación de alta calidad sea más democrático. ¿Qué hacemos si logramos tener algunas universidades de punta si el acceso no es democrático?”, cuestionó.