Campaña web busca firmas para cambiar ley de inmigración canadiense y ayudar a familia tica

Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá declaró “inadmisible” a Nicolás Montoya, un niño tico con síndrome de Down

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San José

Una campaña en la web busca reunir firmas para cambiar la ley de inmigración canadiense con el objetivo de que ese país apruebe la residencia para la familia Montoya García quienes tienen un hijo con síndrome de Down.

La familia costarricense vive en Canadá hace tres años y pidieron la residencia permanente para vivir en ese país.

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El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá determinó que Nicolás Montoya, el menor con síndrome de Down, es "inadmisible" porque podría generar "altos costos" para el sistema de salud.

Los padres de Nicolás, Felipe Montoya y Alejandra García-Prieto, hicieron un video para denunciar esta situación y lo subieron a Youtube. La denuncia trascendió el pasado lunes en medios canadienses y costarricenses.

Una mujer canadiense que no quiso ser identificada, inició una campaña en la página web Change.org para reunir firmas y pedir a al Gobierno norteamericano que revise la Ley de Inmigración y Protección a Refugiados (IRPA por sus siglas en inglés). Ciudadanos de cualquier nacionalidad pueden firmar la petición.

Alejandra García, madre de Nicolás, aseguró que se sienten muy felices porque la denuncia de su caso provocó muchos comentarios y acciones de apoyo por parte de la población canadiense.

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"Esta señora que empezó a recoger firmas por Internet tiene un hijo con síndrome de Down, no sabemos quién es, pero sabemos que nuestro caso sirvió para que este tema sea revisado. Queremos que la ley de inmigración sea revisada", comentó García-Prieto.

La ley de inmigración de Canadá establece en la sección 38 que se puede declarar como inadmisible a una persona que provoque una demanda excesiva de los recursos de salud.

Según los padres de Nicolás, esta parte de la ley es discriminatoria y contradice la la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Constitución política), que dice que ninguna persona puede ser discriminada por motivos de discapacidad.

El apartado 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá establece que: "todos son iguales ante la ley y ésta se aplica igualmente a todos, y todos tienen derecho a la misma protección y al mismo beneficio de la ley, independiente de toda discriminación, especialmente de discriminación fundada en raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o deficiencias mentales o físicas".

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Una vez que se recoja la mayor cantidad de firmas posible en el sitio web, la iniciativa será presentada a los representantes políticos de las diferentes regiones de Canadá y también será llevada al Ministerio de Inmigración de ese país.

García-Prieto aseguró que el objetivo de esta propuesta es que se inicie una discusión política para cambiar la ley de inmigración.

Lucha por la residencia. Felipe Montoya, padre de Nicolás, contó que ellos viven en Canadá desde hace tres años, incluso él labora como profesor en la Universidad de York.

"Nosotros pagamos $45.000 por año en impuestos y nuestro hijo no ha generado ningún gasto extraordinario para el sistema de salud canadiense, como quiere señalar el Gobierno", aseveró Montoya.

El Ministerio de Inmigración de Canadá explicó que los padres de Nicolás todavía pueden presentar un plan en el que expliquen las acciones que van a tomar para que las atenciones en salud y educación que requiere el menor no sean "costosas" para ese país.

Montoya aseguró que ellos no van a hacer un plan. "Si el Gobierno pretender que además de pagar los impuestos cada año, que de por sí son bastantes altos, tenemos que meter a Nicolás en una escuela privada y pagarle un plan de salud privado, no lo vamos a hacer".

Felipe Montoya es profesor en la Universidad de York. Él y su hijo Nico regresarán a Costa Rica con el resto de su familia, luego de que se les negara la residencia permanente en Canadá. (Fotografía: Familia Montoya García).
La madre del menor, Alejandra García, reiteró que no van a presentar ningún plan al Gobierno canadiense porque ellos ya contribuyen con sus impuestos cada año a ese país.

El Ministerio de Inmigración de Canadá calculó los gastos de las atenciones para Nicolás en $25.000 anuales y le informó a sus padres que el Estado solo puede invertir $6.300 anuales en la atención de personas con problemas de salud.

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"Nosotros no sabemos cómo el Gobierno calculó ese monto, pero nuestro hijo solo ha ido al médico dos veces en tres años y ha sido por resfrío. Nuestro hijo no genera esos costos para el Estado", concluyó García.

Esta familia originaria de Santa Ana planea regresar a Costa Rica a finales de junio, pero seguirán con el proceso legal para buscar que Canadá reconozca a su hijo como admisible y les entregue la residencia permanente para vivir en ese país.