Este jueves por la mañana, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para bloquear la señal celular a centros penitenciarios y penales juveniles del país, el cual se tramita bajo el expediente N° 19.932.
La iniciativa, llevada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo, obligaría a los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de este tipo a tomar las medidas necesarias para prevenir que privados de libertad utilicen servicios inalámbricos para cometer delitos.
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El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo Quirós, indicó que la iniciativa persigue prevenir la ocurrencia de timos, estafas y fraudes urdidos desde centros penitenciarios.
"La idea con esto es materializar una prohibición que ya existe. Hoy no están autorizados los celulares pero igual siempre llegan los teléfonos a manos de delincuentes en centros penales que luego se usan para perpetrar más delitos" indicó Redondo Quirós.
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El legislador afirmó que los eventuales bloqueos de señal son técnicamente posibles, según conversaciones iniciales sostenidas con operadores telefónicos.
Solo entre 2012 y 2016, las autoridades se cuantificaron 1.285 delitos cometidos por reclusos con ayuda de un teléfono móvil, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Las fechorías más comunes siguen siendo los timos en los cuales media la supuesta compra de un bien (613 denuncias) y las estafas (354 casos). Estas dos representan un 75% del total.
Además, durante los últimos cinco años, al menos 13 policías penitenciarios han sido castigados a nivel administrativo, por meter teléfonos celulares a las prisiones.
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La información corresponde a los años 2011, 2012, 2015 y el 2016. Para el 2013 y 2014 no hay datos, según el Ministerio de Justicia. De los oficiales sancionados, seis fueron despedidos de sus cargos y otros siete recibieron de tres a 30 días de suspensión.
Los visitantes de centros penales que son descubiertos cuando intentan introducir un celular también reciben sanciones. Debido a que esa acción no es un delito, el castigo es administrativo y consiste en impedimento de visita a estas instituciones por un año.