El pasado miércoles, 13 de junio, el Banco Nacional (BN) le cerró todas las cuentas bancarias a la empresa Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta sobre un presunto lavado de dinero mediante esta compañía.
El BN, además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.
La ruptura se produjo después de que EE. UU. concluyera que el diputado constituyente Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, utilizó a Alunasa para legitimar, en Costa Rica, dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016.
La alerta del Departamento del Tesoro fue emitida el 18 de mayo.
Diez días después, el 28 de mayo, el BN le informó al general Noel Martínez Rivero, presidente de Alunasa, de que las cuentas serían cerradas el 13 de junio. Así consta en una carta firmada por Jaime Murillo, funcionario de la Dirección de Cumplimiento del Nacional.
El banco argumentó que el nivel de riesgo de la empresa aumentó en la clasificación de clientes por riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que aplica el Banco Nacional.
"El nivel de riesgo ascendió en razón de la siguiente publicación (del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), que vincula a autoridades venezolanas que, en apariencia, han utilizado empresas estatales con la realización de negocios fuera del marco legal, razón por la que el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó bloqueos y sanciones", se lee en la nota, de la cual La Nación tiene una copia.
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El BN le comunicó al presidente de Alunasa que, por esa misma razón, no tramitará más créditos ni a su nombre, ni de las empresas que él representa, pero hizo la salvedad de que esta decisión no exime a la compañía venezolana de seguir pagando los créditos que mantiene con el banco.
Tras el cierre de cuentas, la empresa mantiene una deuda con el Banco Nacional por una línea de crédito revolutiva otorgada en el 2015, la cual permitía a la compañía endeudarse hasta por $2,5 millones.
Así lo confirmó Carlos Peña, encargado jurídico de Alunasa, quien no detalló cuál es el monto que está pendiente de pagar.
La garantía de ese crédito era la materia prima de la manufactura, dijo Peña, es decir, el aluminio.
Sin embargo, el abogado relató que debieron ofrecer el terreno de la empresa como garantía adicional, por un valor superior a los ¢3.000 milones, cuando empezó a escasear el material por la caída en la fabricación de aluminio en Venezuela, durante la mayor parte del 2017 y lo que va del 2018.
Para ello, Alunasa constituyó un fideicomiso con el Banco Improsa, el 26 de abril pasado.
La firma del gobierno de Venezuela, además, pretendía que el Banco Nacional le ampliara el tope del crédito hasta $6 millones, con el objetivo de cubrir una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el impago de cuotas obrero-patronales.
Según Peña, el monto asciende a más de $1 millón. Por ese pendiente de pago, la CCSS ordenó el cierre de la planta de la empresa en marzo pasado por un plazo de diez días.
"Nosotros tenemos (en el BN) los seguros de la empresa, toda las nóminas (planillas), las únicas cuentas que tenemos las tenemos con ellos y la empresa quedó con las manos atadas. Si usted es un cliente nuestro en el exterior, ¿cómo nos hace llegar el dinero? Y ningún otro banco nos va a abrir cuentas por disposición internacional", lamentó Peña.
Añadió que las cuentas estaban vacías al momento del cierre, pues en marzo pasado un grupo de empleados de la empresa solicitó el embargo de las cuentas, molestos por el impago de los salarios.
Según el Departamento del Tesoro, Cabello y su grupo lavaron dinero en Alunasa mediante la importación, a través de Panamá, de cargamentos de minerales por la vía marítima, algo que Peña negó.
EE. UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar funcionarios en la compañía en Costa Rica.
Peña niega los cargos sobre lavado. Sostiene que una empresa sin dinero no tiene posibilidades de legitimar dinero. También, señala que EE. UU. achaca comercio ilegal de hierro y ellos solo reciben aluminio.
Cierre de cuentas a funcionarios venezolanos
El asesor jurídico de Alunasa aseguró que, después del Banco Nacional, el Banco BAC San José y Credomatic de Costa Rica también les cerró las cuentas a él y a otros cinco empleados venezolanos destacados en Alunasa.
Aseguró que, según la notificación, el cierre se hizo de acuerdo con lo que establecen la ley y los contratos de cuentas y de tarjetas de crédito.
No obstante, el abogado cree que la decisión de ese banco es producto de una directriz general que circuló en el sistema bancario nacional a raíz de las sanciones que EE. UU. impuso contra Diosdado Cabello, tras acusarlo de obtener $800 millones por medio de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Peña también relató que, desde octubre del año pasado, la empresa empezó a notar demoras en las transferencias que usualmente recibía a través del banco JP Morgan, de Estados Unidos, de parte de clientes.
Alegó que transacciones entre ese JP Morgan y el BN se solían hacer en dos o tres horas, pero empezaron a tardar hasta 40 días a partir de octubre.
Añadió que el Ministerio de Hacienda les hizo una inspección.
"Creíamos que era una retención contra Venezuela (...). Cuando el presidente Luis Guillermo Solís nombró una comisión de ministros para que colaboraran con nosotros, yo me imagino que ya el Departamento del Tesoro le había dado el pitazo y seguramente ordenó que nos examinaran bien, de tal manera que la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda fue a la empresa específicamente a buscar unas BL (bill of landing, documentos de desembarque), para ver la trazabilidad de nuestros embarques y todo estaba en regla", subrayó Peña.
Los empleados de Alunasa no reciben el pago de su salario desde la última quincena de mayo producto del congelamiento de cuentas de la empresa. Según el asesor legal, la falta de pago es generalizada, pues los siete venezolanos que laboran allí tampoco han recibido su sueldo.
Piden operar bajo supervisión de autoridades
Ante esa situación, la administración de Alunasa le solicitó a los diputados liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Franggi Nicolás que intercedan ante el gobierno del presidente, Carlos Alvarado, para que se busque una solución a la crisis de la empresa.
El 9 de junio, el presidente de Alunasa, Noel Martínez, le envió una carta a Alvarado en la que le informó al mandatario de que, "por elementos externos al normal desempeño de nuestras actividades", la firma se vio involucrada en señalamientos del gobierno de Estados Unidos que, según él, los obligan a elevar una protesta por "el atropello" y a aportar elementos de juicio para aclarar el papel empresarial de Alunasa.
Para esto, sostuvo que están dispuestos a aportar o permitir cualquier tipo de pruebas sobre la legalidad de su operación en Costa Rica.
Carlos Peña reforzó ese mensaje: " Le pedimos a la diputada Nicolás que interviniera ante el señor presidente para una cita y poderle explicar la situación y el dramatismo que implica todo esto, para buscar la forma de que el Gobierno ponga un observador que pueda estar allá (en la planta de Alunasa) o para someternos a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que debe tener un departamento contable, o la Fiscalía, o gente de investigación del Gobierno, vayan allá a revisar y que hagan las auditorías que les hagan falta, los movimientos contables, todo lo que necesiten, nosotros no podemos ocultar nada, es más, nuestras cuentas están con el Banco Nacional, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo si todo está respaldado por ese banco?".
Carlos Ricardo Benavides dijo que, en dicha reunión, estuvieron Peña, los representantes de los trabajadores de Alunasa, el alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, el representante del Ministerio de Salud en la localidad y la diputada Nicolás.
Según recordó, la empresa les comunicó que había hecho algunas gestiones infructuosas ante el Ministerio de Trabajo y que sí tenían forma de cubrir la deuda con la seguridad social.
"Se trata de una situación muy preocupante porque son casi 300 empleados que ya cumplen varios meses de zozobra y que este tema del cierre de cuentas a partir del descubrimiento del Gobierno de Estados Unidos empeora o agrava la situación socio-económica de las personas", lamentó el jefe de fracción del Partido Liberacón Nacional (PLN).
El abogado Carlos Peña manifestó que ninguno de los actuales funcionarios venezolanos que laboran en Alunasa tienen ningún nexo político con el gobierno de su país, sino que se dedican un 100% de su tiempo a desempeñar una labor empresarial privada, por lo que no comprenden porqué son objeto de sanciones por parte de los bancos costarricenses.