El Banco Mundial suscribió este viernes con el Gobierno un acuerdo para girar al país $60 millones durante cinco años como premio por la protección forestal y reducción de emisiones que realizan miles de familias, comunidades y entidades públicas dueñas de terrenos con bosques.

Los fondos provendrán del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, conocido como ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement, por sus siglas en inglés).

Fue suscrito por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) que administra el Banco Mundial.

El Banco Mundial, como fiduciario del FCPF, pagará por reducción de emisiones una vez verificadas al menos 12 millones de toneladas de dióxido de carbono menos entre este año y el 2025, a través del Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica.

Específicamente, los fondos apuntan a mitigar las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+, por sus siglas en inglés)

El anuncio lo hizo el Banco Mundial durante un evento en Bruselas, en el cual reveló los países que recibirán financiamiento. En Costa Rica, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, firmó el acuerdo que permitirá al país recibir el dinero en tres tractos.

Dichos fondos irán a las personas y organizaciones dueñas de terrenos con bosque y que voluntariamente deseen participar en el programa.

El acuerdo beneficiará en particular a poblaciones clave como territorios indígenas con bosque y a grupos organizados de mujeres y jóvenes dedicados a conservación, pero que por sus condiciones no son propietarias de terrenos.

Con esto se pretende aumentar la participación de actores en la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

El Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica tiene como objetivo incrementar el impacto local de políticas públicas que se han aplicado con éxito en los últimos 30 años para proteger los paisajes forestales que cubren más de la mitad de los 5,1 millones de hectáreas de superficie del país.

Lo anterior incluye fortalecer la gestión de las áreas nacionales protegidas, que cubren el 26% del territorio, y ampliar los programas nacionales de gestión forestal sostenible, manejo de incendios y restauración de paisajes.

Asimismo, se pretende ampliar el Programa de Pago por Servicios Ambientales el cual da incentivos a los agricultores o propietarios de tierras a cambio de que estos gestionen sus tierras para prestar un servicio ecológico.

Objetivos

Este arreglo busca promover la conservación de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal mediante la reforestación, las plantaciones de árboles, la agrosilvicultura y otras modalidades de conservación.

Un objetivo clave del programa es aumentar la participación de las partes interesadas de los sectores público y privado, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que viven en zonas rurales pobres.

El Plan de Acción de Género de la Estrategia Nacional REDD+, que proporciona una vía clara para canalizar recursos financieros y asistencia técnica para empoderar a las mujeres y brindarles apoyo, ha ayudado a dar forma a esta iniciativa.

En el plan de distribución de beneficios se indica cómo se recompensará a las partes interesadas por gestionar bosques productivos de manera sostenible y reducir las emisiones de carbono.

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Impulso adicional

Tan solo en noviembre pasado, Costa Rica se convirtió también en el primer país centroamericano en recibir fondos no reembolsables por sus exitosos resultados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) aprobó $54,1 millones en fondos no reembolsables para Costa Rica bajo la modalidad de “pago por resultados”, en el marco del financiamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc).

Esta modalidad reconoce esfuerzos que hacen países como Costa Rica por responder a la crisis climática y consiste en la dotación de fondos para darle continuidad a las políticas públicas en ese sentido.

Costa Rica contó con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría REDD+ para presentar la propuesta ante del GCF, la cual pedía reconocer 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono capturadas en ese periodo por los bosques del país.

El país envió, a finales del 2019, un informe a la Cmnucc sobre sus esfuerzos y logros en materia climática con base en las emisiones del año 2015. Al final, el Fondo determinó que las medidas evitaron la liberación de 10,6 millones de toneladas.