El Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Asamblea Legislativa obtuvieron los tres primeros puestos en la primera medición del Índice de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El índice califica el grado de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de 151 instituciones: 129 ministerios y otras oficinas gubernamentales así como 22 municipalidades o concejos de distrito.
Hubo 122 entidades que no respondieron a la solicitud de información, enviada desde el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis).
Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, detalló que el estudio evalúa los protocolos de atención y las instalaciones de cada ente.
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A la presentación del Indice, realizada la mañana de este lunes, también asistió Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República. La funcionaria celebró que la medición ponga presión extra sobre las oficinas estatales para que se garantice el trato justo a las personas con discapacidad.
"Lo que no se mide no existe, y antes no habíamos tenido la oportunidad de medir el avance institucional en esta materia", manifestó Chacón.
En los primeros lugares también se ubicaron la Universidad Nacional (UNA), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Dirección General de Archivo Nacional y el Banco Nacional.
Entre las municipalidades destacaron las de Heredia, San José, Belén, Mora, San Rafael y Goicoechea.
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En contraste, en los últimos puestos se ubicaron la Oficina Nacional de Semillas, el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Médicos y Cirujanos, INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y la Academia Nacional de Ciencias.
De acuerdo con Lizeth Barrantes, directora ejecutiva de Conapdis, se visitará a algunas de las entidades para determinar que la información que enviaron sea verídica, y después se dará capacitación para implementar mejoras en la atención a las personas con discapacidad.
Según el Consejo, el 10,5% de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo que correspondería a unas 450.000 personas.
También se prepararía un sistema para amonestar a las oficinas que no colaboren con el estudio, el cual se aplicaría cada año.
"Ya se les hizo un primer apercibimiento, una carta al jerarca. En un segundo momento, estamos valorando un criterio vinculante de la institución y como un tercer paso le pedimos a la señora vicepresidenta un decreto ejecutivo, que de alguna manera establezca mejor ese procedimiento, antes de llegar a una acción penal", dijo Barrantes.