El proyecto que pretende establecer castigos para el crecimiento desmedido del gasto público avanzó este jueves en la comisión dictaminadora, con una propuesta más simple que la originalmente presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Se trata del expediente legislativo 20.179, el cual reforma los artículos 176 y 184 de la Constitución Política y le añade un transitorio para la estabilidad económica y presupuestaria. Dicho plan es conocido popularmente como la “regla fiscal constitucional”.
La iniciativa introduce varias líneas en la Carta Magna para prohibir que los gastos corrientes excedan los ingresos corrientes y señala que, cuando eso ocurra, los proyectos de presupuesto deberán ser aprobados con 29 votos en el plenario.
Esas mismas disposiciones se aplicarán cuando la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto (PIB).
Entre las nuevas disposiciones sobre gasto presupuestario se establece que si no se logra la aprobación del plan de gastos en el Congreso, regirá para el periodo respectivo el presupuesto del año anterior.
De esa forma, si el presupuesto para el 2018 no se hubiese podido aprobar, entonces se tendría que haber aplicado el del año 2017.
También se abre la posibilidad en este plan de regla fiscal, que se aprueben presupuestos plurianuales.
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Actualmente, los gastos corrientes del Gobierno exceden los ingresos corrientes. Por eso, los diputados de la comisión especial dictaminadora de la reforma constitucional fijaron un periodo de cinco años para que se disminuya el exceso de gastos sobre ingresos, hasta llegar al límite fijado por la ley.
Requisito de negociación
La aprobación del proyecto de regla fiscal es una de las condiciones establecidas por el PUSC y el Partido Liberación Nacional (PLN) antes de entrar en el debate de los impuestos.
El plan original fue presentado por la Unidad, pero sufrió una serie de cambios, pues los órganos técnicos, instituciones y expertos que presentaron sus criterios consideraron que era excesivamente reglamentista, lo cual va en contra de la idea de establecer principios generales en la Constitución.
Por eso, quedaron por fuera las propuestas específicas para establecer límites a los porcentajes de subejecución en las instituciones, límites a las exoneraciones y los subsidios, reglas para frenar la contratación de empleados públicos y los pluses salariales, las reglas para enfrentar los disparadores del gasto público y para resguardar las inversiones públicas.
Pese a estos cambios, el socialcristiano Rafael Ortiz, quien presidió la comisión dictaminadora, sostuvo que están satisfechos con el producto.
Añadió que “la intención no era imponer”, sino que era “un trabajo que se había hecho, se llamó mucha gente, se trabajó a conciencia, salió algo muy bueno”.
“Si bien es cierto el concepto existía, el del balance en el déficit primario, ingresos corrientes y gastos corrientes, se ha venido equiparando con ingresos probables que podrían venir incluso de la deuda. Eso ha hecho que se haya venido disparando, eso se come una parte del presupuesto”, comentó Ortiz.
La Contraloría General de la República presentó varias objeciones al proyecto de ley, por lo que los legisladores terminaron modificando la propuesta, pues originalmente se le obligaba al ente contralor a "informar a la Asamblea" sobre el impacto presupuestario de cualquier proyecto antes de que este se aprobara.
Al final, la nueva obligación de la entidad será certificar al Congreso la fuente de financiamiento de los proyectos de ley, cuando estos impacten las finanzas públicas.
Ottón Solís: 'El plan original era reglamentista'
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que se tuvieron que hacer una serie de ajustes en el plan, incluyendo corrección de errores en varios términos, pero que principalmente se tenía que modificar su espíritu reglamentista.
“El plan metía a la Asamblea a administrar el presupuesto de manera específica, comprometiendo a una institución que no está experimentada en eso”, dijo el legislador del PAC.
Añadió que se establece la prohibición de que el gasto del consumo más los intereses superen los ingresos corrientes, lo cual significa que no se pone límite a la inversión.
Luego de que reforma constitucional superara la etapa de comisión, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, señaló que el dictamen de la iniciativa ratifica “el compromiso” de los diputados por ordenar la situación financiera del país.
“Este es un nuevo logro que nos acerca a contar con un entendimiento fiscal en los próximos días y, de esta manera, como país ratificamos el compromiso de ordenar las finanzas”, comentó el presidente.