Las primeras rendiciones de cuentas del Gobierno, sobre el uso que le ha dado a los $500 millones del préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), no aprobaron el filtro de la Contraloría General de la República (CGR).
Una auditoría de la CGR determinó que los reportes del Ministerio de Hacienda no son lo suficientemente claros ni fiables, pues carecen de detalles y de documentación sobre el uso de los recursos. Por ello, el órgano contralor se abstuvo de emitir una opinión.
“No fue posible obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría”, dice el informe DFOE-SAF-IF-00011-2020.
En el estudio, emitido el 26 de junio, la Contraloría señaló que los reportes del Gobierno sobre la ejecución del préstamo carecen de un “informe detallado y documentado sobre los recursos ejecutados con los fondos del préstamo CAF”.
Las rendiciones de cuentas del Ministerio de Hacienda, además de que llegaron tarde, carecen de insumos detallados sobre la distribución y utilización de recursos y cumplimiento de objetivos.
La CGR precisó que el Poder Ejecutivo debe cumplir con “mecanismos de divulgación ante los usuarios, entrega oportuna de los informes y el establecimiento de una estructura de control interno para preparar y presentar información razonable sobre la ejecución de estos fondos”.
Este crédito, que equivale a cerca de ¢290.000 millones, fue aprobado el 24 de marzo anterior por la Asamblea Legislativa, con el fin de financiar la atención de la crisis de la covid-19, y para amortizar la deuda pública.
El objetivo original del préstamo era mejorar el endeudamiento público; sin embargo, el impacto financiero de la pandemia obligó a modificar su finalidad para destinar parte de los recursos a los damnificados económicamente.
La línea de crédito había sido otorgada por el CAF desde abril del 2019.
Según la información brindada por el Ministerio de Hacienda al CGR, al 30 de mayo anterior, se habían ejecutado ¢11.400 millones de los ¢17.100 millones destinados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para subsidiar personas afectadas económicamente por la emergencia.
Además, ya se habían gastado ¢46.355 millones de los ¢57.452 millones entregados a la Dirección Nacional de Empleo, órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, entidad que asiste a los trabajadores golpeados por la crisis mediante el bono Proteger.
Asimismo, para esa fecha, no se habían ejecutado los ¢216.157 aprobados para la amortización de títulos de largo plazo de la deuda pública.
Los rubros quedaron definidos con la publicación del primer presupuesto extraordinario, aprobado por los diputados el 24 de abril.
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El artículo 2 de la ley del préstamo establece que “el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Contraloría General de la República un informe quincenal, detallado y documentado, sobre la forma en que se está ejecutando el recurso”.
En este caso, los primeros reportes constaron de dos oficios, de dos páginas cada uno, con la descripción presupuestaria de los recursos del préstamo y la aclaración de que parte de los fondos los ejecutará el IMAS y otra parte se asignará a “personas que se vieron afectadas por la emergencia covid-19, a los cuales se les fue reducida o suspendida su jornada laboral”.
No obstante, debido a la falta de detalles, la CGR comentó el asunto con el Poder Ejecutivo para que aplique “los ajustes y las medidas correctivas para los próximos informes”.
Además, la Auditoría expuso que, en el primero de dos oficios, entregado el 18 de mayo, el Ejecutivo no especificó que ¢71,4 millones no fueron depositados a los beneficiarios de los subsidios, principalmente por problemas con cuentas bancarias.
En el segundo oficio, del 11 de junio, no se incluyó que ¢73,62 millones no fueron pagados, tras inconvenientes con 605 transferencias.
La ley 9.833 indica que el préstamo del CAF “tendrá un plazo de hasta 18 años, con un período de gracia de hasta 36 meses contados ambos a partir de la fecha de entrada en vigencia”
Además, detalla que “la amortización del Préstamo se efectuará mediante el pago de 31 cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales, a las cuales se añadirán los intereses devengados al vencimiento de cada uno de los períodos de intereses”.