Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reportó que la deuda del Estado con la CCSS creció en ¢638.000 millones en un año y la supera los ¢3,7 billones (millones de millones). Entre febrero del 2023 y febrero del 2024, el aumento fue de un 20,7%, agregó.
Según el reporte, el monto pasó de ¢3.077.792 millones a ¢3.716.016 millones.
El auditor obtuvo la información de la Dirección Financiera Contable de la CCSS, por solicitud de la presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la diputada Paulina Ramírez.
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Del total de la deuda, el 82% corresponde al Seguro de Salud; mientras que el restante 18% pertenece al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda si respalda los datos y qué avances ha habido en las negociaciones de la deuda, pero no se obtuvo respuesta. Históricamente, Hacienda ha cuestionado los montos facturados por la CCSS. El jerarca hacendario actual, Nogui Acosta, ha afirmado que solo pagará montos certificados.
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Componentes de la deuda
Según el auditor de la CCSS, el monto más significativo de la deuda se debe al impago de la “cuota estatal y las complementarias” en favor de los asegurados, el cual suma casi ¢1,2 billones y creció un 22.37% en el último año. Este apartado incluye las cuotas del Estado para el Seguro de Salud y al IVM de los asalariados, así como los aportes para seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales.
Para el caso del IVM, la contribución del Estado tuvo un incremento desde el 1 de enero del 2023, que la elevó del 1,41% al 1,57%. El porcentaje se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2025, pero subirá a un 1,75% en enero del 2026 y, finalmente, a un 1,91% en enero del 2029.
El segundo componente está en el pago que el Estado debe hacer a la CCSS por la cobertura de niños y adolescentes, de acuerdo con el Código de Niñez y Adolescencia. La morosidad por este servicio es de ¢850.970 millones.
En tercer lugar, aparece un cobro por traslado de los centros de primer nivel de atención en salud (hoy denominados Ebáis), que a mediados de los años 90 pasaron del Ministerio de Salud a la CCSS. Por esta actividad se contabiliza un saldo por ¢608.958 millones
El beneficio de Aseguramiento por Cuenta del Estado está en el cuarto puesto. La deuda es de ¢581,065.54 por los servicios que otorga la CCSS a las personas en pobreza extrema y básica que están bajo este régimen de protección especial.
Las transferencias por leyes especiales ocupan el quinto lugar. Aquí la cifra por conciliar es de ¢272.052 millones. Igualmente, existen otros componentes que en total suman ¢228.422 millones.
99,41% de la deuda no está negociada
La CCSS estimó que un 99,41% del total de lo adeudado por el Estado no está negociado con el Ministerio de Hacienda.
Así lo expresaron Luis Rivera Cordero, director Financiero Contable, y Édgar Ramírez Rojas, jefe del Área Contabilidad Financiera, en un oficio del pasado 22 de marzo, dirigido al auditor.
Los funcionarios también señalaron que, de los convenios de pago suscritos entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda, aún se le deben a la institución ¢1.470 millones, que serían asignados al Seguro de Salud.
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Asimismo, Rivera y Ramírez explicaron que a este rubro no se le incluyeron los ¢51.738 millones del acuerdo de pago suscrito entre Hacienda y la CCSS, el pasado 21 de diciembre, “debido a que la cifras deben ser negociadas entre ambas partes, situación que está pendiente a la fecha”.
La CCSS recibió un pago por ¢23.549 millones; sin embargo, está pendiente que se giren otros ¢27.000 millones dirigidos al IVM. La cláusula dos del convenio condiciona estos recursos a que se realicen nuevas revisiones de los registros que sustentan los cobros al Estado.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y la gerente general interina de la CCSS, Vilma Campos Gómez.
Paulina Ramírez: ‘Convenios son insignificantes’
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) dijo que el incremento en la deuda se debe a que los montos acordados en los convenios de pago, suscritos entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda, son “insignificantes” en relación con los elevados montos que históricamente se vienen arrastrando.
“No ha habido voluntad del Gobierno Central, ni de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, de hacer frente a esta deuda y solucionar los grandes problemas, así como la crisis que está viviendo actualmente la institución”, expresó la presidenta de la Comisión de Hacendarios del Congreso.
Según Ramírez, los pagos que el Ministerio de Hacienda sí ha logrado concretar, se componen mayoritariamente de recursos que los mismos legisladores establecieron que deben ser empleados para cubrir los montos adeudados a la CCSS y no de esfuerzos propios del Gobierno Central para procurar estos dineros.
Como práctica habitual, la Asamblea Legislativa ha incluido en las leyes de aprobación de los créditos externos, que un 10% del total de los recursos se destinen al abono de la deuda estatal con la CCSS.
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Por su parte, el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez, resaltó la necesidad de que, en el proceso de conciliación, se involucre tanto a las autoridades gerenciales como de la misma Junta Directiva de la institución, “con el fin de respaldar y agilizar el establecimiento de los convenios de pago con el Ministerio de Hacienda”.
El funcionario aseguró que este proceso es importante para brindar sostenibilidad a los seguros administrados por la CCSS, la prestación oportuna y eficiente de los servicios de salud y el pago de las pensiones actuales y futuras.
Sánchez reiteró que un acuerdo es posible, debido a que ambas instituciones suscribieron en marzo del 2022, un informe que contiene 227.842.814 registros de servicios brindados por la CCSS y que le son cobrados al Estado, sobre los cuales solo un 10,69% fue cuestionado por el Poder Ejecutivo. Estos datos cubren el periodo 2015-2018.