La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá listo hasta enero del 2024, el informe con los resultados de la valuación actuarial de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La migración a un nuevo sistema informático, la salida de actuarios y problemas con la calidad de la información, han generado retrasos constantes en la presentación del estudio, que permitirá determinar la solvencia del sistema de pensiones más importante del país.
Así lo dio a conocer Carolina González Gaitán, directora actuarial de la Caja, durante una sesión de la Junta Directiva, celebrada la tarde del jueves 7 de diciembre.
González fue convocada por los directivos, para que explicara las razones de los retrasos en la presentación de los resultados de la valuación.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, manifestó su preocupación porque esperaba contar con la información desde el mes de octubre.
Esquivel remarcó la importancia de tener los resultados actuariales, “sobre todo, en tiempos en que el IVM tiene algunos problemas en la parte financiera”.
Migración a un nuevo sistema
La directora actuarial explicó que iniciaron el análisis en mayo del presente año, pero que, desde entonces, enfrentaron problemas técnicos por la migración a un nuevo sistema informático denominado Programa para Valuaciones Actuariales (PROVALACT).
Esto, porque la anterior herramienta, llamada Proyecciones Demográficas y Financieras (PRODEFI), se encuentra en una “fase de obsolescencia avanzada”.
Igualmente, esta es la primera valuación completa que la Caja realiza con PROVALACT, lo que también ha generado una serie de otros retos técnicos para la institución, de acuerdo con González.
Por ejemplo, se requiere hacer una validación metodológica, por lo que el proceso se está implementando, de manera simultánea, en ambos sistemas, “porque es necesario una validación de resultados y de consistencia”.
Otro elemento señalado por González, es que la nueva herramienta informática requiere de mucha memoria, por lo que se encuentra albergada en los servidores de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC), los cuales son ajenos a la Dirección Actuarial y Económica.
Esta situación habría provocado atrasos en los tiempos de ejecución de procesos, debido a falencias en la red institucional y largos periodos de desconexión, que sumados, contabilizan un mes completo.
La directora actuarial también alegó que la nueva herramienta puede tardar, incluso, más de 44 horas para cargar escenarios de un solo grupo poblacional, pero que este tiempo puede hasta triplicarse si se toman en cuenta otros criterios de selección.
“Es decir, nosotros ponemos a correr un escenario hoy y vemos los resultados dos días después, para un grupo de población. Si queremos, por ejemplo, separar al sector público al sector privado, podríamos durar hasta más de una semana para ver resultados”, detalló González.
Salida de funcionarios y calidad de la información
Igualmente, la funcionaria argumentó que durante el último año, la Dirección Actuarial ha perdido cuatro de sus 10 funcionarios, por renuncias y permisos sin goce de salario.
Las salidas, de acuerdo con González, estarían motivadas “por el rezago salarial” en los puestos de actuarios, que se “acentuó con la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público”.
Finalmente, el otro traspié que ha enfrentado el proceso ha sido producto de las inconsistencias en los históricos salariales cargados, así como en la mayor complejidad de la información que debe ser alimentada al sistema, ya que requiere de parámetros más detallados.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones del país. Para él cotizan 1,7 millones de trabajadores y 79.000 patronos. En total, hay 354.510 jubilados.
El último estudio actuarial al régimen, hecho por la Caja en el 2018, determinó que el sistema tendría problemas de solvencia a partir del 2021 y agotaría la reserva en el 2037. Además de que tenía un déficit actuarial de ¢100 billones, monto equivalente a poco más de tres veces la producción en ese momento.
Tanto Marta Esquivel, como el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, han indicado la necesidad de contar primero con los resultados de la valuación actuarial, para comenzar la discusión de nuevas reformas al IVM, que puedan dar al régimen una mayor robustez.