San José
La Asociación Costarricense de Fiscales (Acofi) le pidió al fiscal general, Jorge Chavarría, que se separe temporalmente del Ministerio Público, mientras el Tribunal de la Inspección Judicial investiga sus actuaciones en varias causas, entre ellas la relacionada con la importación de cemento chino.
El fiscal Rónald Segura, presidente de Acofi, dijo que la separación temporal de Chavarría no se debe circunscribir a este asunto, pues también se debe investigar por qué el Ministerio Público no realizó ninguna investigación sobre el movimiento de dineros vinculados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, a través de cuentas del Scotia Bank y en el caso Crucitas, en el que la Fiscalía resolvió no acusar al expresidente de la República, Óscar Arias.
LEA: Fiscalía investigada por inducir a error a Sala III en caso del cemento chino
"Hay varios casos más en los que se deben hacer las investigaciones correspondientes y eso no se puede hacer si él se mantiene en el Ministerio Público, porque hay fiscales que tienen mucho temor. Hoy me informaron algunos fiscales que les están abriendo causas de oficio en la Inspección Fiscal contra 'ignorado', en casos en que los fiscales solicitan prisión (contra imputados) y no se las dan (los jueces). Al abrir la causa contra 'ignorado' la causa recae contra el fiscal que fue a la audiencia (de medidas cautelares) y esa es una forma de mantenerlos atemorizados", justificó.
Segura dijo que lo natural es que se ordene una suspensión temporal cuando la Corte Suprema de Justicia indaga a algún funcionario de rango superior, mientras se realizan las investigaciones. Por eso, cree que el caso del fiscal general no tiene que ser la excepción.
Y afirmó que por esa razón les provocó desazón el dictamen de la Corte Plena, en el que solo separaron a Jorge Chavarría de las investigaciones relacionadas con la importación de cemento chino.
LEA: Corte separa a fiscal general de investigación del cemento chino
"Él debe apartarse por completo de la función para que se puedan realizar las investigaciones y nosotros (los fiscales) limpiar la responsabilidad que tenemos con el país en los grandes casos de cuello blanco. Es necesario revisar si las actuaciones de la Fiscalía en esos casos han sido correctas o si, por el contrario, son casos en los que se ha actuado tan negligentemente como en el asunto del cemento chino.
El miércoles, el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, ordenó a la Inspección Judicial investigar si la Fiscalía indujo a error a los magistrados de la Sala III, al no incluir un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que probó que sí hubo cientos de llamadas entre Juan Carlos Bolaños, dueño de Sinocem, la firma que importa cemento de China, y los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, así como con el exdiputado Wálter Céspedes.
La prueba no se incluyó en los expedientes de las denuncias por tráfico de influencias en contra de los cuatro y la Sala de Casación terminó por aceptar, en febrero y marzo de este año, que no había suficientes argumentos para continuar con el proceso contra los investigados.
En la solicitud de desestimación de la denuncia contra Morales Zapata y Otto Guevara, que la exfiscal subrogante, Berenice Smith, envió a la Sala III, el Ministerio Público incluso declaró que no se pudo comprobar durante las investigaciones del OIJ que hubieran existido llamadas telefónicas entre los legisladores y el empresario cementero.
Pero ese argumento quedó en falso cuando, el 2 de octubre pasado, el director del OIJ, Wálter Espinoza, envió un oficio al Ministerio Público en el que reclamó por la no inclusión en el informe a la Sala III de la prueba sobre las múltiples llamadas que hizo Bolaños a los tres políticos y ellos al empresario a lo largo de 11 meses.
Jorge Chavarría salió al paso de los sucedido con el alegato de que él nunca conoció el informe del OIJ y que le extrañó que la solicitud de la desestimación de la causa contra Otto Guevara y Víctor Morales Zapata la hiciera Smith mientras él se encontraba fuera del país.
De igual forma, manifestó que desde el 2 de octubre puso una denuncia ante la Inspección Judicial contra el fiscal asistente, Ricky González, quien se encargó de las denuncias por presunto tráfico de influencias contra los congresistas y el exlegislador, por no haberle informado sobre la existencia de las numerosas llamadas cruzadas con Juan Carlos Bolaños.
"Yo le comentaba ayer a algunos fiscales que en la mayoría de las causas uno nunca tiene tantas pruebas de vínculos telefónicos como en este caso (...). Por eso es importante investigar para determinar qué fue lo que pasó e informarle a la población si se trató de un asunto de negligencia, si fue que la prueba no se quiso incluir para favorecer a alguna persona, o si es una omisión grave que puede derivar en incumplimiento de deberes del cargo. No podemos permitirnos que en investigaciones tan grandes e importantes se cometan errores tan graves", afirmó.
LEA: Fiscal consideró 'anormal' que se pidiera desestimación en su ausencia
Rónald Segura le solicitó a la Inspección Judicial que no agote el plazo de un año que tiene por ley para realizar las investigaciones contra el fiscal general, con el fin de que la Corte tenga respuestas lo antes posible. Agregó que para que esas investigaciones tengan éxito, quienes las realizan deben de trabajar sin presiones de ningún tipo.
"El cargo de fiscal general es uno que le confiere mucho poder a quien lo ocupa y eso genera mucho temor en los funcionarios judiciales. Es importante que se pueda separar por completo a don Jorge, porque sé que hay mucha gente que quiere acercarse a la Inspección Judicial para hacer comentarios sobre situaciones que se han presentado en algunos casos. No estamos adelantando que don Jorge sea culpable, pero nos parece que tiene que apartarse para que no haya intimidación hacia funcionarios", aclaró.
Uno de los temores de Acofi es que Chavarría no ha cedido a sus pretensiones de que se apruebe un reglamento de carrera fiscal, lo cual impide que muchos de los fiscales que actualmente laboran de forma interina sean nombrados en propiedad.
Esto implica que el personal pueda ser removido de forma fácil, lo cual, según Segura, genera más temor entre aquellos fiscales que podrían conocer detalles de porqué el Ministerio Público no se ha movido con agilidad en los casos que inquietan al país.
Acerca de la renuncia de Berenice Smith a la fiscalía subrogante, horas después de que se destapara el presunto ocultamiento de pruebas en el caso del cemento chino, el presidente de Acofi dijo que la funcionaria debió de salir del cargo mucho antes, para permitir las investigaciones de la Inspección Judicial.
"No queremos que haya ni la menor duda entre la ciudadanía de que la mayoría de fiscales queremos un Ministerio Público transparente", zanjó.
Acofi divulgó un comunicado de prensa en respaldo de la decisión del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, de ordenar las investigaciones contra la Fiscalía.