El vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) dice que en la organización están conscientes de que no es viable recibir el 10% de los ingresos anuales del Poder Ejecutivo, a pesar de que una reforma constitucional del 2001 así lo establece.
Gilberto Monge, aparte de ser vicepresidente de la ANAI –que agrupa a los 81 alcaldes y ocho intendentes municipales–, es miembro del equipo consultivo que, junto con el Ministerio de Planificación (Mideplán), promueve una reforma legal que avanza en el Congreso para que se apruebe el giro del primer 1,5% de los recursos, mediante una reforma a la ley 8.114.
Este plan se tramita en el Congreso y, en teoría, es la primera de siete leyes necesarias para completar el 10% de los ingresos del Gobierno central que, de acuerdo con el cambio en el artículo 170 de la Constitución, deben ir a los municipios.
Un día después de un reportaje de La Nación , los municipalistas dicen estar conscientes de los excesos que entraña la reforma, que solo con la primera ley de implementación les generaría unos ¢65.000 millones. Aquí, un extracto de la conversación.
¿Estarían dispuestos a rebajar ese porcentaje?
Por supuesto; incluso, desde el punto de vista de la filosofía con que se hizo esa reforma (al 170), no la compartimos. Hoy por hoy, tenemos competencias para hacer muchas cosas. Lo que no tenemos son recursos.
Ahora bien, ¿esta discusión de ajustar el porcentaje ya se ha planteado?
Claro, estoy en el Consejo Consultivo (de Mideplán), y eso lo hemos venido hablando. Lo que sí es justo es que los caminos rurales tengan más recursos de la carga del impuesto al combustible (ley 8.114), porque las malas condiciones afectan a agricultores y ciudades pequeñas, que perdemos competitividad por el mal estado de las carreteras. Lo justo es que se apruebe la primera ley de transferencia de competencias. ¿Por qué cree que desde la aprobación de la reforma en el 2001 a la fecha no se ha aprobado ninguna ley especial?Desde mi punto de vista, porque fue una reforma mal concebida. Si usted ve, el artículo de la Constitución que se debió reformar es el 169, que establece las competencias de las municipalidades, ahí es donde cabe. El 170 habla de la autonomía.
¿Por qué cree que tras 14 años, no hay claridad sobre las competencias a trasladar?
Para mí, no es inquietante; creo que sí es viable aprobar una primera ley que nos dé recursos y sí es viable que empecemos a trabajar en una alternativa para fortalecer los gobiernos locales, y no estar con este trauma (de la obligación del 170), que implica una reforma que no es ejecutable.
Pero sin duplicidad.
Claro, sin duplicidad. Nosotros podríamos coadyuvar en la construcción de infraestructura educativa, que no es meternos en educación; podríamos hacer licitaciones, diseños de edificios... ¿Tienen más opciones? Algún tipo de licitación, y apoyar en la infraestructura educativa. Las municipalidades podríamos ayudar. En el tema de vivienda, en proyectos de interés, funcionando como una ventanilla para realizar proyectos. A como está, se amarra a las municipalidades al presupuesto del Ejecutivo y sabemos que los ministerios están muy tallados. Lastimosamente, hay una serie de gollerías que afectan sus recursos limitados. No nos interesan competencias del Ejecutivo que no tienen sentido. Hay cosas en las que podemos ayudar. ¿Les urge esta primera ley?Esto nos genera un tema de justicia para poder atender la red vial cantonal; por ejemplo, el monto que recibe la Municipalidad de Mora es el mismo desde hace cinco años y el monto que nos giran cada vez alcanza para menos, y eso nos afecta.
Tienen mucho apoyo legislativo. ¿Cree que tiene que ver con el proceso electoral del 2016?
No creo, no tendría ningún sentido. Desde la óptica del Ejecutivo, hay más alcaldes de otro partido y hay apoyo de todas las fracciones. Esto es un tema de necesidad, de justicia. Venimos trabajando en este proyecto desde hace tres años y creo que a todas las cosas les llega su momento.
Pero, para campaña, quedaría genial decirle a la gente que están trabajando por más recursos para carreteras.
La gente ya no cree en esas cosas. Ahora es ver para creer. Yo no lo andaría diciendo (en una campaña de reelección). La gente está supermolesta por el tema de la infraestructura vial, la gente está decepcionada de las promesas. Me dice que para las demás leyes, estarían dispuestos a bajar; ¿hasta qué porcentaje?No es un asunto de porcentajes, no estamos pidiendo competencias, lo que planteamos es cómo hacer más democrático el funcionamiento del Estado. Esto no solo implica recursos, sino otro tipo de legislación. Pero me dice que estarían dispuestos a no llegar al 10%.Absolutamente; es más, no es viable, no es posible. Pero no han discutido un porcentaje.Es que no, no puede ser antojadizo; creo que hay que ver las posibilidades económicas del país y qué se va a hacer y el planteamiento de fortalecimiento de los gobiernos locales; tenemos que hacer ajustes y ser más eficientes como gobiernos locales.