Un proyecto de ley que se discute en el Congreso, para pasar 4.000 maestros a un mejor régimen de pensiones, le costaría al Estado ¢505.000 millones.
Tanto las autoridades anteriores como las actuales del Ministerio de Hacienda advierten de que la iniciativa tendría un efecto negativo sobre las finanzas públicas, máxime que no crea nuevos ingresos para sufragar el mejoramiento de las condiciones de jubilación de estos educadores.
La propuesta consiste en abrir un espacio de 18 meses para que esos docentes migren del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
En 1995, los 4.000 docentes se pasaron del régimen del Magisterio al del IVM, en busca de mejores condiciones, tras la alerta de una posible quiebra. Sin embargo, ahora consideran que su traslado se hizo con poca información, que las condiciones de su primer régimen son mejores y quieren volver.
El régimen del Magisterio permite a estos educadores jubilarse con una pensión del 80% de sus mejores 48 salarios de los últimos cinco años, y no el 60% que les daría el régimen del IVM.
El Ministerio de Hacienda, tanto en el gobierno de Laura Chinchilla como en el de Luis Guillermo Solís, se han negado a avalar el plan y han advertido de que afectaría las finanzas públicas.
Así lo señala una nota del entonces viceministro de Egresos de Hacienda de Chinchilla, José Luis Araya, del 18 de diciembre pasado.
Actualmente, los diputados discuten una nueva versión del proyecto presentado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 2009, que según Hacienda sería más perjudicial que la primera versión.
“Este cambio en el proyecto tiene una disminución de ¢91.000 millones que redundaría en que el déficit para atender las pensiones de este régimen (IVM) sería de ¢505.000 millones”, apuntó Araya en su explicación.
La iniciativa se discute bajo el expediente 17561 en la Comisión Plena Primera del Congreso.
Pero no solo Hacienda, en dos gobiernos, ha rechazado el plan. La CCSS también ha advertido del impacto negativo en su régimen de pensiones y calcula que los beneficiarios de esa migración no serían los 4.000 de que habla la Junta de Pensiones del Magisterio, sino hasta 8.000 educadores.
Además, la Superintendencia de Pensiones emitió una opinión negativa, por resultar inconveniente al IVM y no determinar el costo que implica su aprobación para la Hacienda Pública.
A favor y empujando. El plan de ley cuenta con el apoyo de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio.
“El apoyo que le hemos ofrecido a la Junta de Pensiones del Magisterio es sobre los números que ellos nos han suministrado. Ellos indican que hay cerca de 4.000 educadores que se beneficiarían y que el costo para el Estado sería de ¢250.000 millones”, manifestó Sandra Piszk, del PLN.
Antes, cuando Liberación estaba en el Gobierno, se oponía a la iniciativa por el impacto negativo en el erario. Ahora, bajo la administración de PAC, los liberacionistas apoyan la gestión.
El foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) han buscado el apoyo de los diputados al proyecto de ley.
Ayer se le consultó a la Jupema sobre el impulso a la iniciativa y los diputados con quienes ya conversaron; sin embargo, la respuesta se enfocó en las ventajas que ellos obtendrían del plan.
El 3 de junio pasado, el presidente de Jupema, Carlos Mata, solicitó a los diputados aprobar el proyecto, al considerar que es un derecho de los educadores devolverse al régimen que dejaron en 1995.
A pesar de que el plan fue presentado por el exdiputado del PAC José Rosales, ahora este partido se opone, dando la razón al Ministerio de Hacienda, según manifestó el legislador Ottón Solís.
Para Solís, la presentación de ese plan, hace cinco años, fue un error, que se pudo deber a falta de información del congresista.
El jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael Ortiz, dijo que en principio no están de acuerdo, pero que los interesados tratan de convencer a los legisladores de que el impacto es menor.