El político Antonio Álvarez Desanti sostuvo que su grupo empresarial no tiene por qué verse afectado si hubo algo incorrecto en la forma como la abogada panameña Evisilda Martínez compró 686 hectáreas en $200.000 a indígenas, en Chiriquí, para luego vendérselas a él en varios millones de dólares.
¿Usted sabía cuál era el régimen legal en el que estaban esas tierras?
Claro, pero el régimen legal no tiene ningún problema.
Las tierras estaban a nombre de personas que las tenían desde hacía 70 años.
Sí, que se estaban titulando.
Después de que ustedes firman (la opción de compraventa), unas personas plantean procesos de prescripción adquisitiva (proceso para reclamar titulación de tierras por ocupación pacífica de más de diez años).
Eso es el proceso como ellos obtienen la tierra, eso es el proceso de ellos. Eso son ellos más bien. No es de reclamo en contra nuestra, ese es el proceso para que a ellos se las den.
¿Pero usted sabía que eso se iba a hacer?
Claro, porque las tierras cuando a nosotros nos las ofrecen, no están inscritas a nombre de ellos y ellos tienen que hacer el proceso de prescripción adquisitiva.
¿Usted sabía quién era Feliciano Baker (uno de los que reclamó el título de tierras)?
No, yo no sabía quién era él, pero lo que sí es que los dueños de las tierras tienen que titularlas en un procedimiento judicial. Lo sabemos y ellos lo hacen, sacan los títulos, los títulos se inscriben y, cuando ya está inscrito y está listo, nosotros les compramos.
¿Ustedes sabían que existía el riesgo de que surgieran reclamos de terceros?
No les compramos hasta que no estuviera inscrita, no teníamos ningún riesgo.
Son cuatro personas las que hacen el proceso judicial...
Cuando los jueces les dan la sentencia y cuando las propiedades están inscritas, la persona, esta señora Evisilda (Martínez), formaliza la compra con ellos y ella nos vende a nosotros. Nosotros compramos cuando las propiedades estaban debidamente inscritas en el Registro Público y cuando las sentencias de los jueces estaban dadas y las sentencias no habían sido apeladas, ni por el Estado panameño ni por particulares. Si los jueces no les dan los títulos, no compramos.
Entiendo que se abrió una causa judicial en Panamá...
Lo que me dijeron mis abogados es que eso se mandó a la Procuraduría Anticorrupción y que la Procuraduría Anticorrupción envió el caso a Bocas del Toro y ahí tiene tres años de estar parado, no se movió ni se acusó a nadie.
”En todo caso, vuelvo a lo mismo, si acusaron a un juez, no tiene que ver con nosotros. Nosotros compramos a terceros de buena fe. No sé de que ningún juez esté acusado, pero si estuviera acusado algún juez y si hay algo que no esté correcto, a nosotros no nos afecta porque nosotros compramos al amparo del Registro Público, compramos de buena fe. Y si algo así pasara, el Estado panameño tendría que indemnizarnos. Pero, repito, hace cuatro años de eso y no creo que ya haya pasado ni vaya a pasar”.