El allanamiento de este viernes en Casa Presidencial, relacionado con la investigación para determinar si una oficina asesora de la Presidencia accedió o no a datos confidenciales de los habitantes, se extendió por un total de casi 15 horas, desde las 8 a. m. hasta alrededor de las 10:50 p. m.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, asistió al operativo por tratarse de un caso relacionado con el Poder Ejecutivo y se mantuvo durante todo el día en el edificio de Presidencia. Sin embargo, no dio declaraciones a los medios luego de finalizadas las diligencias.
Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantuvieron acordonado con cinta amarilla el ingreso principal a la Presidencia de la República hasta las 10 p. m. de este viernes.
A las 10:30 p. m. el equipo investigador, encabezado por Navas, revisó exhaustivamente, en uno de los accesos laterales, el vehículo placas BPX 079, el cual está inscrito a nombre del Ministerio de la Presidencia.
En el transcurso de la tarde, distintos funcionarios judiciales salieron con equipos decomisados.
El teléfono celular y la computadora del presidente Carlos Alvarado fueron confiscados por la Fiscalía en el allanamiento, según confirmó a La Nación el magistrado Álvaro Burgos, de la Sala Tercera (penal) y quien también participó en el operativo.
Agregó que a los ocho investigados se les retuvieron esos aparatos porque esa fue la petición expresa que hizo el Ministerio Público en la orden de allanamiento.
El caso
La causa judicial se abrió luego de que se recibieran tres denuncias y un informe de la Defensoría de los Habitantes, entidad que solicitó un peritaje técnico al Ministerio Público.
La Fiscalía precisó que investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
El mandatario figura como investigado, así como el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, Daniel Soto Castro.
También, aparecen como investigados los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como el comisionado presidencial para asuntos de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo), Luis Salazar Muñoz (quien renunció ayer jueves), y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
El caso nació luego de la publicación de un decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual le otorgaba a esa unidad acceso a datos confidenciales en poder de instituciones públicas.
El presidente Carlos Alvarado derogó el decreto el 21 de febrero, cuatro días después de su publicación.
El mandatario admitió que hubo “errores” en la conformación de esa unidad y calificó de “legítimas” las inquietudes relativas al decreto mediante el cual fue creada.
Asimismo, el ministro de la Presidencia envió una comunicación oficial a la fiscala general afirmando que Casa Presidencial se ponía a disposición de las investigaciones.
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