La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) anunció su oposición al proyecto de ley que busca prohibir las “terapias de conversión sexual”, alegando principios bíblicos y de derechos humanos.
La organización emitió un comunicado como reacción a la posición manifestada por la organización Comunidades de Fe e Iglesias Cristianas Inclusivas hacia las Personas LGBTIQA+, la cual respaldó la iniciativa de ley.
El proyecto, presentado por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, prohibiría las terapias para modificar la orientación sexual o la identidad de género con tortura física o psicológica. Estas prácticas parten de que las personas LGBTIQA+ tienen una patología.
Aunque la Alianza Evangélica alegó que no está de acuerdo con obligar a una persona a cambiar su orientación sexual mediante una “terapia”, argumentó que el proyecto bajo estudio “no toma en cuenta el derecho que tiene la persona a buscar un cambio”.
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La Federación adujo que plan pisotearía los derechos humanos de las personas que quieren cambiar, así como los derechos humanos de los profesionales que puedan suministrar esa “terapia”.
En el pronunciamiento de la Alianza Evangélica, se enumeran varias citas bíblicas para argumentar que “Dios le dio al ser humano la libertad de elección”, pero que “no todo lo que las personas escogen es bueno”.
La organización afirma que las personas creyentes son llamadas a vivir en obediencia a los mandamientos bíblicos.
La Alianza Evangélica también acusó a los grupos que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTIQA+ de ejercer “coerción política, económica, judicial y cultural, con más privilegios que derechos”.
En contraposición, el pronunciamiento de las Comunidades de Fe e Iglesias Cristianas Inclusivas hacia las Personas LGBTIQA+ enfatiza que todo lo creado por Dios “es bueno”, y que Dios “ama incondicionalmente a todo ser humano, sin excepción o diferencia entre personas”.
El grupo añadió que todas las personas tienen “derecho a vivir su fe cristiana plenamente, sin exclusiones ni discriminaciones”.
Ese documento lo firmaron, por ejemplo, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica, la Iglesia Ministerio Amor Sin Fronteras, Espacio Seguro Católico y la Universidad Bíblica Latinoamericana.
En su instancia a los diputados para aprobar el expediente 20.970, dichas organizaciones manifestaron que no hay justificación médica para cambiar la orientación de una persona no heterosexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.
Este colegio se pronunció, en abril del 2022, en contra de las “terapias de conversión” por considerar que se trata de “tratamientos inhumanos, crueles y degradantes”.
El proyecto está frenado desde el 10 de febrero, cuando Fabricio Alvarado, de Nueva República, pidió tiempo para construir una versión del proyecto que incluiría criterios de “iglesias y psicólogos” que se consideran afectados por la prohibición de esas prácticas.
Alvarado alegó, en ese momento, que si no le daban tiempo, bloquearía el avance del proyecto con cientos de mociones.
Además, este 4 de marzo, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, España, Países Bajos y Colombia remitieron una carta a los diputados en la que expresaron su rechazo a esas “terapias de conversión”.
En la nota, las representaciones diplomáticas manifestaron el derecho de las personas LGBTIQA+ al reconocimiento de sus derechos humanos universales, incluidos la vida, la libertad y la seguridad, sin necesidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes.
Las cinco embajadas calificaron las terapias de conversión como uno de los “flagelos que aún existen”, de manera que persiste el reto de erradicar la violencia y la discriminación en contra de estos grupos de la población.