En mayo del 2021, la Asamblea Legislativa dio luz verde a la ley 9960, la cual ordenó la creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC), ente público no estatal cuya sede estaría ubicada en Guanacaste.
Sin embargo, desde entonces, la Agencia no ha podido comenzar sus operaciones debido a que el Estado ha incumplido la mayoría de las disposiciones establecidas en la ley de creación de la AEC. Esta situación llegó al grado de que el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó un proyecto para derogar la norma.
Dengo expresó: “¿Para qué vamos a mantener una agencia que tiene una naturaleza aspiracional y que en nada le contribuye en este momento a los costarricenses? Aquí más bien deberíamos estar viendo cómo le damos presupuesto a otras instituciones más relevantes”.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) considera que los términos de creación de la Agencia Espacial Costarricense son limitados e insuficientes, lo que ha restringido su ejecución. Entre los problemas se encuentra la imposibilidad de nombrar a un director ejecutivo y la falta de recursos presupuestarios.
La ley de creación estableció que, dentro de los 30 días siguientes a la instalación del Consejo Directivo de la Agencia, este órgano debía nombrar a la persona que ejercería la dirección ejecutiva.
Aunque el Consejo está conformado y se reunió por última vez el 13 de enero, aún no se ha podido designar a alguien para el puesto.
En 2021, se intentó realizar un concurso público, pero ninguno de los postulantes cumplió con todos los requisitos estipulados en la ley, que incluyen poseer un doctorado, experiencia técnico-científica relacionada con el desarrollo espacial y sectores industriales correspondientes, así como publicaciones científicas en medios internacionales relacionados con el área espacial y sus sectores.
La falta de un director ejecutivo también ha impedido la oficialización del Plan Estratégico y el Programa Nacional de Actividades Espaciales.
Otro aspecto incumplido es la ubicación de la sede. La legislación establece que el Consejo Directivo debe adquirir o recibir una donación de un terreno en Guanacaste para establecer el Centro Espacial en un plazo máximo de un año después de nombrar al director ejecutivo.
Además, la Agencia no cuenta con un presupuesto asignado, a pesar de los esfuerzos realizados ante el Ministerio de Hacienda.
“A la fecha no sido posible asignar recursos”, indicó el Micitt ante una consulta de La Nación.
Según la ley, las instituciones del sector público no financiero deberían transferir un 0,4 % del superávit libre durante los primeros cinco años para financiar las actividades del nuevo ente público. Sin embargo, se excluye de esta obligación al Gobierno Central, gobiernos locales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las universidades públicas y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
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Riesgos advertidos
Desde el 2020, la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos de la propuesta de ley y resaltó la necesidad de contar con un análisis técnico que fundamentara la viabilidad y conveniencia de la creación y operación de la Agencia.
Expertos nacionales en el sector aeroespacial también habían señalado los inconvenientes. “Soy el primero en apoyar una agencia espacial costarricense, pero no esta versión que parece una ocurrencia, pues limita a académicos los cargos directivos cuando en la realidad de estas agencias en todo el mundo se requieren perfiles de políticos, diplomáticos, empresarios, ingenieros y académicos”, expresó Rónald Chang-Diaz, ingeniero y empresario que fundó y dirigió la empresa Ad Astra Rocket Costa Rica (en Liberia, Guanacaste).
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Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), advirtió que mantener la Agencia con subejecuciones presupuestarias en sus primeros años generaría inseguridad en su operación debido a la falta de certeza sobre los fondos a recibir. Sugirió buscar formas de financiamiento más acordes a la realidad actual, como alianzas público-privadas u otros mecanismos adecuados para el sector y en línea con la proyección futura del país.