El acuerdo de pago suscrito el 21 de diciembre entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), condiciona un giro de ¢27.000 millones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a nuevas revisiones de los registros que sustentan los cobros al Estado.
Se trata de la cláusula dos del convenio firmado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y la gerente general interina de la CCSS, Vilma Campos Gómez.
El apartado indica que los recursos serán girados al régimen de pensiones una vez que avance el proceso de revisión de los registros, sobre los cuales Hacienda ha presentado algún reclamo.
“Una vez que se avance en dicho proceso y se cuente con subconjuntos de datos o imputaciones validadas por ambas instituciones, el Ministerio de Hacienda girará hasta ¢27.000.000.000, por concepto del Régimen de IVM”, establece el acuerdo.
Al respecto, el considerando VII del convenio, del cual La Nación tiene copia, señala que los recursos se deben girar en el año 2024.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, no participó en la firma del acuerdo por encontrarse en periodo de vacaciones, el cual inició el 20 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de enero del 2024.
Datos aún son cuestionados
La Caja estima en ¢3,3 billones, el monto global de la deuda del Estado con los seguros de Salud y de Pensiones. Sin embargo, solo ¢600.000 millones corresponderían a la morosidad con el IVM.
Hacienda ha refutado estos datos y, como requisito indispensable previo a firmar cualquier acuerdo, exigió realizar un análisis exhaustivo de los cobros para verificar si son reales.
A raíz de esto, los equipos técnicos de las instituciones hicieron una comprobación de los datos del periodo 2015-2018, sobre los cuáles ya existía un informe firmado por las autoridades de la Caja y Hacienda de la pasada administración. El reporte contiene un total de 227.842.814 registros.
Es sobre esta información que se basa el convenio para el pago de los ¢51.738 millones, que debe ser efectuado a más tardar el 30 de diciembre del presente año, según la cláusula primera.
Dicho monto se obtuvo a partir de una resta entre las imputaciones identificadas por Hacienda, sin inconsistencias o que no se requiere más información (¢339.558.731.839,83), y las imputaciones que se deben registrar como pagadas (¢287.820.307.209,63).
Hacienda reconoce que IVM necesita recursos
Por medio de un comunicado de prensa, Hacienda reconoció la necesidad de los recursos líquidos que tiene el IVM para el pago de sus obligaciones y se comprometió a “mantener el nivel de cumplimiento con el pago de las facturas ordinarias que se registren el próximo año, lo cual permitirá el pago oportuno a los beneficiarios de este seguro”.
Igualmente, las instituciones acordaron mantener la conformación de los equipos técnicos para que continúe el proceso de revisión y validación de las imputaciones pendientes de información o validación.
Origen de los recursos
Los ¢27.000 millones serían pagados con fondos provenientes de los préstamos externos de apoyo presupuestario, que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa desde el año 2020.
Los recursos están destinados a cubrir los saldos de la deuda del Estado con los seguros de Salud y Pensiones de la Caja.
Hacienda tenía un remanente de ¢77.000 millones que no habían sido entregado, hasta ahora, de un total de ¢234.000 millones aprobados por el Congreso.
Los recursos se generaron a partir de los empréstitos con entidades financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En cada una de las leyes que la Asamblea Legislativa ha aprobado para permitir estos créditos, ha incluido que un 10% de los recursos se transfieran a la Caja, para cubrir los saldos de la deuda del Estado.